Transparencia y lobbies

Transparencia y lobbies

Origen del concepto lobby

Procede del parlamento inglés de principios del XIX. Literalmente significa vestíbulo, pasillo, o salón de espera, y se usó tal expresión ya desde dicha época debido a que los ciudadanos tenían prohibido acceder físicamente a la Cámara de los Comunes, motivo por el que, para influír en sus parlamentarios, los abordaban en los pasillos, llamándose desde entonces a los que lo hacían lobistas.

En rigor, y actualmente, Lobby significa tanto grupo de presión (o de interés), como la actividad que se desarrolla, intentándose así influír en las normas a aprobar por los políticos, y/o en sus políticas públicas. No obstante, no todo grupo de presión debe ser mirado mal ni con recelo: Un sindicato, un grupo de ellos, o una unión de los mismos podrían ser un lobby; o una federación de consumidores y usuarios también, pero igualmente una farmacéutica. Entes distintos y objetivos también.

¿Hay regulación en España?

Hemos de decir que durante la Transición española, cuando se estaba debatiendo en sede constituyente el contenido de nuestra Constitución, el partido que fue origen del actual Partido Popular (Alianza Popular), propuso (en el actual artículo 77, que trata sobre el derecho de petición ante las Cámaras) regular los lobbies. No fue aprobada tal propuesta y quedó por tanto en nada.

Al margen de, lo anterior, hay que destacar que la Ley 19/2014, catalana, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dedica una parte de su articulado a la regulación de la cuestión lobbies. Su ámbito recae sobre aquellas personas, físicas o jurídicas, que se dediquen a dicha actividad de modo profesional o habitual, y entre sus puntos clave tenemos: Creación de un registro al efecto; creación de normas éticas; régimen sancionatorio. Hay que decir también, que el Registro previsto en dicha norma, no sólo es exigible a su Parlament, sino igualmente a los entes locales, universidades públicas y entes intrumentales. Para terminar este ligerísimo esbozo del ejemplar intento regulatorio catalán (aunque sólo lo sea por ser el primero) está el de que, al definir su Ley 19/2014 a qué se consideran Grupos de Presión, va más allá (en su proyecto de Decreto de desarrollo) de las tradicionales descripciones al uso (personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, etc.), pues incluye dentro de dicho concepto a “… las plataformas, redes y otras formas de actividad colectiva que a pesar de no tener personalidad jurídica, constituyen de facto una fuente de influencia organizada y llevan a cabo actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y su sector público”.

Hay que dejar claro, en honor a la verdad, que la regulación catalana se merece un artículo aparte, monográfico, el cual excedería de las pretensiones de esta breve exposición, artículo que, desde aquí y por lo tanto, nos comprometemos a hacer.

A su vez, en Aragón, en concreto en lo concerniente a su Proyecto de Ley de Integridad y Ética Públicas, se contiene iguamente una regulación sobre los lobbies ciertamente interesante, aunque para saber más lo ideal sería ir al artículo que he escrito sobre la misma.

¿Qué regulación hay en el extranjero?

En Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión de la enorme ingerencia de los lobbies en los partidos políticos, en concreto en sus campañas (a la vez que, antes y después de las mismas), no se ha podido abordar. No obstante, sí hay regulación del sector lobista, aunque la obligación de inscribirse en un registro sólo existe para aquellas empresas que dediquen un mínimo del 20 % de su tiempo a la actividad de lobbing. A su vez, y desde su última regulación (2007), unido ello a la coincidencia de la crisis financiera última, la inscripción de lobbies ha bajado considerablemente.

En Canadá, por ejemplo, habiendo también Registro de lobbies, es el mismo Registro el que tiene funciones no sólo de registro en sí, sino igualmente de inspección, a diferencia de en USA, en donde dichas dos funciones (registro e inspección) están separadas (el Registro registra, valga la expresión, y un órgano externo, supuestamente imparcial e independiente, fiscaliza e inspecciona).

En cuanto a la Unión Europea, ésta está por detrás de las regulaciones USA y de otros países anglófonos, como Canadá, pero – como previsible era -, es precisamente en Bruselas en donde la actividad de los lobbies se está profesionalizando más (ahí está el centro de poder de la UE). Por dar un dato, extraído del informe (más que recomendable su lectura) de Transparencia Internacional sobre los lobbies, tanto en España como en la Unión Europea, sólo obtienen una calificación de aprobado la Comisión Europea, y Eslovenia. Ni España, ni el resto de Estados, ni nuestro Parlamento Europeo, por no citar más instituciones, aprueban. No obstante, la tendencia – que considero imparable – es la de su regulación. Otra cuestión es el cómo, pero dar un primer paso siempre será importante. Curiosamente (que no casualmente, dirían algunos, y entre ellos el que esto escribe), los países más afectados por la actual crisis económica, son los que peores notas obtienen: España, Grecia, Chipre, Portugal. Para remate final, nuestra Comisión Europea, en lo que al raking de “los peores de la clase”, obtuvo la plata, pues en opacidad y malas prácticas en relación a la actividad de lobby, sólo fue aventajada por Hungría ¿será verdad esto de La Europa de los Mercaderes …?

¿Qué recomienda Transparencia Internacional?

Los consejos que nos da esta necesaria y prestigiosa institucion, son, para el caso concreto de España (uno de los países peor puntuados en corrupción dentro de la UE, no lo olvidemos), y sintéticamente expuestos, los siguientes:

  • Se habrá de realizar un análisis gubernamental integral a la hora de regular la actividad lobística, tanto en su vertiente de intento de influencia sobre el Ejecutivo como sobre el Parlamento (tanto nacional como autonómicos, u otro tipo de gobiernos – insular (Cabildos) como provinciales (Diputaciones).

  • Obligada consulta referente al Registro de Lobbies, implicando en ella a los sectores afectados, exigiéndose que dicho Registro sea no sólo obligatorio, sino afectante al Ejecutivo y Legislativo, con independencia de sus ámbitos (estatal, autonómico, local, etc.).

  • Obligada publicidad, por parte de los representante públicos, en lo referente a sus agendas de trabajo, contactos, y calendario.

  • Los lobistas inscritos en el Registro expuesto habrán de informar, periódica y públicamente, entre otros aspectos, sobre su actividad, dinero invertido y presupuestado en su acción de influencia y/o contacto

  • Código ético vinculante para la actividad

  • Creación (o reorganización) de una agencia u órgano, independiente, encargados del control, gestión, seguimiento y sanción, del Registro y de la actividad de lobby de sus inscritos y actores implicados.

  • Modificación de la Ley de Transparencia a fin de que la misma imponga un mayor acceso a las agendas de nuestros representantes públicos y altos cargos, incrementándose la participación ciudadana en la elaboración de normas. Tal modificación legal ha de ser supervisada adecuadamente (qué menos, tratándose de normativa sobre transparencia).

  • Oficina de Conflictos de interés realmente independiente e imparcial, proyectando su influencia a todos los ámbitos (estatal, autonómico, local).

  • Cumplimiento férreo de las incompatibilidades, y control y evitación de las llamadas puertas giratorias.

  • Acceso ciudadano, sin restricciones, a la llamada “huella legislativa” (conocer en todo su íter o tramitación, cómo se elaboró la norma: Reuniones, agendas, participantes, informes, etc.).

  • Revisión más rigurosa de las declaraciones de bienes e intereses de nuestros parlamentarios.

  • Para fiscales y jueces, normativa más clara en cuanto a las incompatibilidades de los mismos al pasar al sector privado, incluyéndose declaraciones obligatorias de bienes e intereses.

  • En cuanto a los partidos políticos, prohibición de: a) Que las entidades financieras les condonen deudas contraídas con ellas; b) prohibición de donaciones empresariales; c) mayor control de entes vinculados a los partidos (sus fundaciones, por ejemplo), evitando que sirvan de subterfugio para evitar el control.

 

En suma, la tendencia en los países occidentales desarrollados es la de partir de, que ante la imposibilidad real de evitar la presión e influencia de los llamados Grupos de Interés, de Presión, o Lobbies, más realista sería establecer un mínimo control de los mismos, control mínimo que se efectuaría, como mínimo, implantando el Registro de Lobbies, y la figura denominada Huella Legislativa. El resto ya se verá …

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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