Caso aytocoruna.com

Caso aytocoruna.com

A continuación se expondrá lo acontecido con la especulación del nombre de dominio aytocoruna.com”” y las acciones legales emprendidas por dicha corporación municipal a principios de 2004, para así entender un poco cómo pudo dicha institución hacerse para sí con dicho punto com.

Antecedentes

Un ciudadano español, residente a su vez en España, en Toledo concretamente, registró en Internet el nombre de dominio “”aytocoruna.com””. La entidad o empresa registradora a la que acudió para tal registro es, tal vez, de las más conocidas en el planeta. Sí, nos estamos refiriendo a Register.com, radicada en USA. Pues bien, como era de prever, se estableció una pugna o lucha entre dicha administración y el nacional español que registró antes dicho nombre de dominio. En las líneas que siguen se ilustra qué ocurrió después.

Actuación del ayuntamiento

La representación legal del municipio no optó por acudir a los tribunales sino por interponer una reclamación, o demanda, ante la llamada OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Suiza, organismo dependiente de la ONU, y que con otros organismos o entidades más – aunque la OMPI es el más conocido en este ámbito – tienen asumidas competencias para dirimir conflictos entre nombres de dominio y marcas comerciales, sean – en principio – del país o Estados que sean.

Una de las enormes ventajas de este tipo de procedimientos es que su resolución final se dicta en menos de tres meses, lo cual aventaja muchísimo a la tradicional vía judicial o de los tribunales. Otra de las ventajas es que sus resoluciones, como regla general, se ejecutan en todo el planeta, exigencia esta lógica, ya que de no ser así de nada serviría en el ámbito de Internet. Por último, otra de sus ventajas – comparativamente hablando – es que es más barata o económica esta vía que la de los tribunales, a pesar de que hay que abonar unas tasas a los llamados árbitros de la OMPI (mínimo son 1.500 dólares USA, que en principio, y como regla general, sólo los abona el reclamante o demandante ).

Otra de las ventajas es que la mayoría del procedimiento se lleva a cabo por Internet, vía correo electrónico, lo cual le confiere agilidad y rapidez.

Pues bien, el ayuntamiento interpuso su reclamación vía e-mail, a la vez en soporte papel una semana después, tras lo cual se puso en marcha la maquinaria de la OMPI. Primero citó al demandado, el cual dejó transcurrir el plazo otorgado para contestar a la demanda y exponer así sus argumentos, a fin de defenderse. Hemos de decir que esta actitud – la de no contestar ni personarse – suele ser habitual cuando se entiende que el caso está perdido.

Fondo del asunto

Una vez verificado por la OMPI que el demandado no contestó, habiéndosele dado la oportunidad de hacerlo, entró a analizar el fondo del asunto, recordándonos a tal efecto cuáles serían las bases sobre las cuales podría adoptar su decisión final, que en este caso concreto fueron: la llamada Política Uniforme y su Reglamento ( son las normas básicas a estos efectos )

En concreto, los requisitos básicos para entender que el reclamante tiene razón son : 1) que el nombre de dominio disputado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante posea o tenga derechos.; 2) que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; 3) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Requisito uno


Sin hacer interpretaciones forzadas, es claro que las letras “ayto” son el acrónimo o abreviatura habitual de la palabra ayuntamiento, y también lo es que como en Internet no está aún en uso la letra Ñ, se suele subsanar ello o sustituir la misma por la N, lo cual da como resultado, en lo que aquí interesa, que el nombre de dominio objeto de análisis induce a confusión con las marcas comerciales del ayuntamiento de La Coruña, cuando no se da una extrema similitud por el uso de ambas palabras.

Por otro lado, y a pesar de que en ocasiones ha sido la misma OMPI la que ha considerado que no ha de permitirse la inscripción de un nombre de dominio cuando el mismo esté formado, de forma fundamental o exclusiva, por la reproducción de un toponímico o nombre de lugar o geográfico, a su vez incorporado a la marca del demandante, consideran que “Aún cuando ha sido debatida en numerosas decisiones previas de paneles de la OMPI la imposibilidad de impedir o no el registro de dominios que consisten fundamental o exclusivamente en la reproducción de una denominación geográfica que, a su vez, está incorporada a la marca del demandante, el panelista considera que en el presente caso se da la circunstancia de que el dominio controvertido no se limita a incluir el término geográfico sino también la indicación que hace a éste atribuible a la corporación pública que de manera exclusiva representa los intereses de la localidad a la que el dominio se refiere, siendo igualmente destacable que bajo las denominaciones registradas por la entidad demandante como marca, y bajo los dominios, incluso idénticos, bajo distinta terminación, de que es titular, se prestan servicios a los ciudadanos, lo que hace que pueda esgrimirse un uso real a título de marca, lo que conduce a considerar concurrente el primero de los requisitos contenidos en el párrafo 4a) de la “Política Uniforme”.

Requisito dos

En este caso, lo que habría que analizar es si concurren o no derechos o intereses legítimos que amparen la actuación del demandado en relación al nombre de dominio disputado. Como es fácil observar, ante la no respuesta ni personación del mismo en el procedimiento ( que, salvo excepciones, es gratis) resultó imposible averiguar la postura o argumentación del mismo.

Es por lo anterior que el árbitro habrá de decidir lo expuesto con base en la documentación y alegaciones del reclamante, de donde se concluye que no hay ninguna vinculación geográfica del demandado con el nombre de dominio, ni tampoco en relación al ayuntamiento, constatándose a su vez que dicho ciudadano es titular de otros dominios similares en el sentido de aludir a ayuntamientos de la geografía española. Es por dichos datos y por las argumentaciones del demandante por lo que la OMPI concluye que no goza de interés legítimo la actuación del demandado.

Requisito tres

Este requisito hace referencia a la existencia de mala fe, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio ( no es suficiente con la concurrencia de dicha mala fe en uno sólo de los actos, aunque hay que decir que lo habitual es que se dé dicha concurrencia ).

Aquí vuelve a traer a colación el árbitro el dato de que el demandado es un habitual registrante de nombres de dominio vinculados a otras marcas comerciales, ya sean éstas de municipios o ayuntamientos, o incluso de entidades bancarias ( tal cual aconteció con el caso por ejemplo, bancodevitoria.net ). Es por dicho datos, unido al de la tenencia pasiva de dichos dominios, de donde deduce la OMPI el uso ilegítimo, pues a nadie se le escapa que no registró los nombres de dominio para el uso que les es propio, sino con un fin único y exclusivamente especulador.

Conclusión

Es por lo anterior que, como ya fácilmente se habrá intuido, adopta la decisión el árbitro asignado a este asunto de ordenar la transferencia del nombre de dominio al ayuntamiento demandante, ayuntamiento de La Coruña. La decisión se adoptó el 1 de marzo de 2004

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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