LSSI y contratación

LSSI y contratación

Introducción a la Contratación electrónica

Dentro de la regulación básica que la ley española hace de la contratación electrónica efectuada a través de la red, tenemos:

  • Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico ( LSSICE ). Para un análisis más detallada, y sobre todo práctico de la misma, aconsejamos ir al apartado ARTíCULOS de contratación, en donde encontrará diversos artículos sobre la misma, que casi todas las semanas se van renovando.
  • Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
  • Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
  • Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, de Firma Electrónica.
  • Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del art. 5º3 de la Ley 7/1998, de condiciones generales de la contratación.

(Este artículo se escribió recién aprobada la LSSI citada)

Consumidores

En esta materia, como previsible habría de ser para cualquier jurista, el espíritu de la normativa existente al respecto intenta velar con más énfasis por los intereses del consumidor que por los del empresario. Siendo ello así, veamos más en detalle el por qué de tal tipo de afirmación:

En primer lugar, y ciñendonos al articulado del Real Decreto 1906/1999, que regula las condiciones generales de la contratación, observamos una exigencia denominada de información previa, que, literalmente, es del siguiente tenor:

“”Previamente a la celebración del contrato y con la antelación necesaria, como mínimo en los tres días naturales anteriores a aquélla, el predisponente deberá facilitar al adherente, de modo veraz, eficaz y completo, información sobre todas y cada una de las cláusulas del contrato, y remitirle, por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación utilizada, el texto completo de las condiciones generales””.

Como bien se observa, se establece un plazo, de 3 días naturales, previos a la celebraciónd el contrato, para facilitar determinada información, pero he aquí que para el lector cuidadoso, no pude por menos que asalarnos una primera duda a la hora de intentar comprender el alcance de dicho precepto: si el usuario acaba de acceder a mi página web, y nunca antes había estado en ella, y además, quiere contratar algo, ¿tendré que esperar 3 días para ello?; no tiene lógica, ¿verdad?. Pues bien, por esa misma falta de lógica, tuvo la Dirección General de los Registros y del Notariado que emitir una resolución en la que explicaba la norma que analizamos: Se entiende que el dichoso plazo está debidamente cumplido si las expresadas condiciones generales están accesibles a la generalidad de los usuarios de la red, durante los citados 3 días, con lo cual, consecuencia obligada es que una vez se inauguran en la red unas condiciones generales, éstas no se podrán usar hasta transcurrido dicho plazo. Como vemos, el legislador debía de estar tomando chinchón ese día, ya que de lo contrario no se explica tal tipo de precepto.

Un consejo práctico al respecto es el acudir a un notario a que dé fe del cumplimiento del plazo, a través de la visualización por este de la página durante los tres días.

Otra cuestión, recogida también en la misma norma que analizamos, es la referida, en su art. 3º, a lo que se denomina confirmación documental de la contratación efectuada. Dicho precepto, lo que estipula y a lo que obliga es a que el empresario habrá de enviar al cliente, de inmediato, y a más tardar, en el momento de la entrega de la cosa o comienzo de la ejecución del contrato, justificación por escrito o, a propuesta del mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado a la modalidad del medio de comunicación utilizado, el cual habrá de estar en su propio idioma, o en el utilizado por el empresario para hacer la oferta, en el cual deberán constar todos los términos de la misma. También se habrá de comunicar al consumidor – en la información previa que antes comentamos – los distintos tipos de soporte entre los que se podrá elegir para recibir la justificación documental de la contratación que se hubiese llevado a cabo.

La excepción de lo anterior la constituyen los contratos denominados de tracto único, y que se ejecuten mediante técnicas de comunicación a distancia y cuya facturación sea efectuada por un operador de tales técnicas de comunicación, todo ello sin perjuicio, en todo momento, de informar al consumidor de la dirección del establecimiento del proveedor donde pueda presentar reclamaciones , detallándosele también el coste específico y separado de la comunicación y del servicio.

A pesar de la aparente abstracción del precepto último que comentamos, se está refiriendo a aquellos supuestos en los que, por ejemplo, a cambio de la instalación en nuestro pc, de un pequeño programita que bajaremos on line de la red, cambiar el nº de acceso que usa el mismo para su acceso a internet, de forma modo y manera que – como suele ser habitual – el número nuevo que marca después de la instalación comentada es el de una línea 906 – muchísimo más cara la facturación, por tanto -, y una vez marcado el número podemos visionar pornografia en vivo, diálogos más que picantes con profesionales del sexo, y … hasta donde dé la imaginación y deseos calenturientos de más de uno o de una.

A su vez, en cuanto a la expresión soporte duradero usada por la ley, hay que comentar que la misma incluye – y ello será lo más habitual – el envío por medio de correo electrónico.

Otro de los aspectos de gran importancia que menciona esta norma es del derecho de resolución, el cual consiste en lo siguiente: Se concede al consumidor un derecho a resolver el contrato, sin justificar causa alguna, y sin incurrir por ello en ningún tipo de penalización. El ejercicio de tal derecho tendrá de plazo 7 días hábiles, contados a partir de la recepción del producto. o de la prestación del servicio. La referencia para el cómputo mencionado será la del almanaque de la residencia habitual del comprador. A su vez, se permite acreditar tal ejercicio del derecho de resolución por cualquier forma admitida en derecho.

Por otro lado, y en relación también al derecho de resolución, el plazo para su ejercicio se computará con posterioridad a lo comentado en la párrafo anterior si la confirmación documental antes aludida se hizo después de la celebración del contrato o de la entrega de los bienes, en cuyo caso a partir de dicho instante será el momento de inicio para el ejercicio del derecho de resolución.

Por si lo anterior fuera poco, el plazo puede ser de 3 meses para el cado en el que estemos inmersos ante cumplimientos del tipo defectuoso o incompleto de la obligación de confirmación documental.

El vendedor, en el caso de ejercitarse el derecho indicado, estará obligado a devolver las cantidades pagadas sin retención de ningún tipo, y siempre antes de 30 días.
EXCEPCIÓN:Lo es de lo anterior aquellos casos en los que por el contenido de las prestaciones sea imposible llevar a cabo el derecho de resolución. Ello será, siempre, sin perjuicio de la correspondiente y debida reclamación de daños y perjuicios.
Carga de la prueba: Para no variar, la carga de la prueba de todo lo que a continuación se expondrá, será a cargo del empresario:

De la existencia y contenido de la información previa de las cláusulas del contrato; de la entrega de las condiciones generales; de la confirmación documental aludida; de la renuncia expresa del derecho de resolución; y de la correspondencia entre la información, entrega y documentación documental y el momento de sus respectivos envíos.

Si nos fijamos en el párrafo anterior, en el texto en cursiva en el párrafo precedente, he ahí un pequeño truco: Se reconoce en dicho párrafo la posibilidad de que el comprador renuncie al derecho de resolución, lo cual, el empresario que no lo establezca en su clausulado, es muy posible que “”compartiera el chinchón”” al que al principio de este artículo aludíamos.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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