Ficheros de solvencia y fuentes de acceso público

Ficheros de solvencia y fuentes de acceso público en la LOPD

Fuentes de acceso público

Cuando se tratan – de forma automatizada o no, y en o fuera de Internet – datos de carácter personal de terceras personas, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD en adelante ), establece como excepción al principio de obtener el consentimiento del titular de los datos, aquellos supuestos en los que los mismos se han obtenido de lo que dicha norma denomina fuentes de acceso público. Antes que nada hemos de saber que con la ley actual – no así con la anterior – el concepto que da título a este artículo no lo forma cualquier fuente que consideremos de acceso público ( como por ejemplo podrían ser los registros públicos ), sino que dichas fuentes son sólo las así establecidas expresamente en la LOPD. Dichas fuentes son : el llamada censo promocional, los repertorios telefónicos, las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. También se incluyen en el concepto que analizamos los diarios y boletines oficiales, y los medios de comunicación. Una vez sentado lo anterior, no hemos de olvidar tampoco que el art. 6º4 de la LOPD preceptúa que en los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.
Por otro lado, el titular de los datos, para cuyo tratamiento no hace falta su previo consentimiento, se ve también protegido por la ley en el sentido de que el responsable de dicho tratamiento habrá de informarle con posterioridad de la existencia del mismo, y de su finalidad, así como de otras circunstancias, generándose así la posibilidad de que dicho afectado pueda, en su caso y si así lo desease, ejercer el derecho que le asiste a oponerse a dicho uso de sus datos.

Ficheros de solvencia

Por tal tipo de ficheros se entienden aquellos cuya información está referida a : 1) La solvencia económica de las personas, esto es, su capacidad económica para acometer determinados gastos o inversiones; y 2 ) Al grado de cumplimiento o no de obligaciones dinerarias. Como es obvio, en el primer caso la información la suele dar el propio titular de los datos, siendo el supuesto típico aquél en el que se solicita un crédito, y por el contrario, en el segundo, el tratamiento de tal tipo de datos se lleva a cabo sin que haya consentido el titular, ya que comprende informaciones referentes a si cumple o no sus obligaciones de pago, o si en las mismas ha habido imprevistos o incidencias que hayan comprometido, retrasado o frustrado el mismo. Es claro, por lo dicho en este último caso que quien aporta tal información o perfil económico es el acreedor, el cual suele tener un acuerdo con empresas a las que ceden tales datos, conformándose así los llamados ficheros de morosos. A cambio de tal acuerdo, dichos acreedores tienen derecho a consultar la base de datos que así se va formando.

Por otro lado, si antes se solía acudir a los registros públicos .- entre otas fuentes – para obtener tal tipo de información, hemos de matizar que hoy día tales registros no están considerados fuentes de acceso público, con las consecuencias por tanto expuestas al principio de este artículo en orden a la obligación de solicitar el consentimiento por parte de la persona física a la que aludan dichos datos. En cuanto a los datos obtenidos del Registro Mercantil ya ha dicho la Agencia de Protección de Datos que en cuanto no afecten a personas físicas – que son las únicas que tutela la LOPD – no están protegidos dichos datos por la ley que ahora comentamos. La única excepción a ella sería aquella en la que tales informaciones, a pesar de ser de personas jurídicas, afecten a la intimidad personal familiar de las personas físicas que como empresarios las conforman. También obligado es comentar que el llamado Boletín Oficial del Registro Mercantil – BORME -, en cuanto boletín oficial, sí gozaría de la nota de fuente de acceso público, y en consecuencia no haría falta el consentimiento previo del afectado para el tratamiento de dichos datos. Otra vía para acceder a informaciones sobre cumplimiento o no de obligaciones por parte de las personas físicas son las notificaciones efectuadas a las mismas en los tablones de anuncios de los juzgados, pero hemos de hacer la observación de que las mismas tampoco son fuentes de acceso público, siéndolo por el contra los boletines y diarios oficiales, como por ejemplo el BOE o los boletines oficiales de la provincia, en donde a título de ejemplo podemos encontrar información acerca de si tal o cual persona ha sido sancionada por una multa de tráfico, o si Hacienda o la Seguridad Social sigue un procedimiento ejecutivo contra alguien.
Otra observación importante es que cuando nuestros datos acerca del nivel de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones económicas se han obtenido a través de fuentes catalogadas como de acceso público, el deber de rectificación y actualización que incumbe al titular del fichero, sólo será constitutivo de infracción cuando el afectado solicita se lleven a cabo tales rectificaciones o actualizaciones, pero no así cuando sin existir tal solicitud no se efectúa ello de motu propio por el responsable del fichero.

Una cuestión importante es quién o quiénes pueden acceder a dicha información, pues inicialmente surgió la duda acerca de si sólo estaban facultados para acceder a la misma aquellas partes que hubiesen firmado el acuerdo al que antes aludimos – entre acreedores y empresas dedicadas a crear ficheros de morosos -, pero actualmente se por sentado que el acceso es libre por parte de cualquier interesado en consultarlo. Un caso particular sobre morosos es el del llamado RAI – Registro de Aceptados Impagados -, registro cuya titularidad corresponde a la Asociación Española de Banca. Decíamos que se podría dar un caso especial por cuanto hay un supuesto en el cual el banco en el que el deudor de la letra supuestamente impagada la tiene domiciliada, por error o negligencia, contesta al banco emisor de la letra que no hay fondos cuando en realidad sí los hay, siendo la consecuencia de ello que acto seguido se anota dicha circunstancia, indebidamente, en el correspondiente fichero de morosos, siendo por tanto tal conducta originadora de responsabilidad contra la entidad bancaria causante del error, y por tanto indemnizable.

 

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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