Software espía, protección de datos e infidelidades

Software espía, protección de datos e infidelidades

(artículo confeccionado antes de la reforma del Código Penal cuya entrada en vigor fue en julio de 2015)

¿De qué va esta historia?

Hay ocasiones en las que el ámbito del mundo de la protección de datos se sumerge de lleno en el campo del Código Penal, constituyendo de tal forma la comisión de un delito, siendo ello lo que ocurrió en la presente historia, sobre la cual se dictó sentencia por la Audiencia Provincia de Madrid el 25 de mayo de 2005, siendo los hechos enjuiciados, sintéticamente expuestos, los siguientes: marido sospecha que su esposa le es infiel vía Internet, por lo que le instala en el PC de casa un software que enviará información al ordenador del trabajo de él información acerca de lo que ella hace con el computador, aportando posteriormente dicha información en un juicio de separación matrimonial, remitiéndola también, y previamente, a una detective privado a fin de que confeccione un informe sobre el tema. Entre los datos captados los hay de contenido sexual explícito, ya sea obtenidos de sus sesiones de chat, vía IRC o Messenger, o de correos electrónicos.

¿Qué dice la ley?

En este caso concreto, puesto que los hechos se enjuiciaron por la vía penal, vamos a omitir lo que dice la LOPD – ley 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal – y a exponer lo que recoge el Código Penal, en concreto en su artículo 197 (que se resume, exponiéndose nada más lo aplicable al presente caso, dada su extensión):

  1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa.

  1. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos.

  1. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.


    Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

  2. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen datos sobre la vida sexual, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

Más detalles del caso

En realidad, el acusado – el esposo -, instaló el programa llamado eBlaster en su propio ordenador, en su casa, ya que debido al enorme incremento de su factura telefónica sospechaba que alguien hacía un uso anómalo del teléfono o de Internet. Lo que ocurrió fue que descubrió que era su esposa la causante, llegando a averiguar que se dedicaba a buscar, chateando, contactos sexuales, interceptando incluso sus correos electrónicos, los cuales le eran remitidos a su ordenador del trabajo cada media hora automáticamente a través de dicho software.

Tal información se la entregó a su vez a una detective privado, a fin de que confeccionarse un informe técnico a fin de hacerla valer en el procedimiento de separación matrimonial que quería iniciar, con el ánimo de demostrar que su esposa no era una buena madre, y obtener así la guarda y custodia de la hija menor.

¿Qué alegó el acusado?

Alegó que su primer abogado – el de la separación – le manifestó que era totalmente legal instalar dicho programa para dicho fin, ya que el ordenador era de su propiedad (hecho éste que acreditó con las facturas) y estaba en la propia vivienda. Entre nosotros, está claro que el consejo de dicho abogado no fue lo que se suele decir afortunado””, pues en realidad lo alentó a cometer un delito.

Aunque desde un plano teórico es posible quedar absuelto de un delito si se demuestra que se desconocía que la conducta que se nos reprocha es constitutiva de delito, la magistrado entendió que no se daban los requisitos para ello, considerando que dados los estudios, preparación y cultura del acusado, no era de recibo que manifestase desconocer que interceptar datos de Internet de un tercero, cuando además los mismos son reservados – datos sexuales – afecte a la intimidad, por lo que desestimó dicho enfoque.

No obstante, sí consideró la Audiencia la concurrencia de una circunstancia atenuante en el acusado, consistente en el presente caso en haber actuado con tanta pasión que no sopesó ni percibió debidamente el alcance de sus actos. De cualquier modo, este actuar sólo sirvió para rebajar la pena, pero no para declararlo inocente.

¿Qué pasó con la detective?

Por si no se comentó antes, la acusación particular solicitó condena igualmente en relación a la detective privado, que no olvidemos que accedió a dichos datos reservados de carácter personal, ya que el acusado, aconsejado por su abogado inicial, le remitió los correos electrónicos interceptados, a fin de que confeccionase un informe técnico que entregaría en el juicio de separación matrimonial.

Entiende la Audiencia Provincial que el hecho de que dicha detective, más el abogado, accediesen a dichos datos, no constituye una difusión o revelación a terceros, ya que según la normativa que rige los juicios de índole matrimonial – aún en vigor -las actuaciones judiciales en dicho tipo de procesos no tienen el carácter de públicas, por lo que dicha actitud no puede ser sancionada.

Sentencia final

Se condena nada más que al acusado – el esposo, quien instaló el software espía -, siendo su pena la de seis meses de prisión, más una multa de 6 meses con una cuota diaria de 6 euros, aplicándosele la pena de un día de prisión por cada dos cuotas que no abone (pena de multa: se impone un importe por día, que va en razón al patrimonio del condenado. En este caso habría de abonar 6 euros por día, durante seis meses, con el aviso de que por cada dos día que no pague, habrá uno de arresto).

 

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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