Ciberacoso: Aspectos legales (1)

Ciberacoso: Aspectos legales (Parte I)

¿Qué es el Ciberacoso?

Es, ni más ni menos, que el acoso efectuado por vía electrónica, pudiendo ser entendida ésta como la realizada a través de Internet, mensajes SMS, correo electrónico, chat, blogs, mensajería instantánea, etc. A su vez, por acoso habremos de entender toda aquella conducta, por definición violenta, de ánimo malicioso, repetida, sistemática, de carácter meramente físico, o psíquico, de contenido sexual, por medio de la cual una persona o grupo, pretende inquietar, dañar, socavar la dignidad de otra u otras, estando estas últimas no precisamente en situación de defenderse, sino todo lo contrario, indefensas ante tales actos. Digamos que se pretende causar angustia emocional, desprestigio, extorsión, humillación, mancillamiento de la imagen, o descrédito, entre otras conductas nunca legítimas y siempre guiadas por la malicia.

¿Qué es el Cyberbullyng?

Se da cuando la víctima es un menor de edad, y el ataque hacia la misma va dirigido a conseguir su tormento, sentimiento de amenaza, acosamiento, humillación, descrédito y vergüenza. Hay que aclarar que también el agresor es otro menor, generalmente del mismo círculo que la víctima, y más de una vez de su mismo entorno, generalmente escolar o de ocio. Cuando el agresor no es menor de edad, pero sí lo es la víctima, estaríamos hablando de Cyberstlking, aunque en este caso se trataría de fines sexuales, también denominado Cybergrooming.

Ejemplos de Ciberacoso

Envío de material pornográfico a la víctima, o correo basura, a su e-mail; envío de imágenes de la víctima, íntimas o no, a otras personas, sin autorización; suplantación de la identidad de la víctima, dejándola en situaciones que atentan contra su imagen y reputación, ridiculizándola, humilándola, o desvelando cuestiones íntimas de ésta; envío al sistema informático de la víctima de virus informáticos; colgar expresiones injuriosas, denigratorias, ofensivas o despectivas sobre la víctima, en blogs o sitios web, o proferir dichos contenidos, que también pueden ser amenazantes, en chats. Son sólo algunos ejemplos, por no hablar de casos de extorsión y chantaje a menores por parte de adultos, ya sea con fines meramente degradantes, sean o no de contenido sexual, de contenido económico, o exclusivamente buscando el encuentro y placer sexual con la víctima.

¿Regula la ley el Ciberacoso?

Realmente no existe ley alguna que de forma expresa regule tal fenóneno. El motivo de ello es simple: El abanico de figuras delictivas que en potencia se podrían cometer a través del ciberacoso, que las mismas ya están reguladas, por separado, en las diferentes leyes, habiéndose de acudir a cada una de ellas según el caso de que se trate. Habrá casos en los que lo que se lesione, entre otros bienes o derechos a proteger, pueda ser la propia imagen del menor (o adulto); tal vez se le haya dañado su ordenador (delito de daños), o revelado información reservada de la víctima a terceros, sin autorización (delito de descubrimiento y revelación de secretos), y así un largo etcétera.

¿Es difícil de perseguir?

Resulta claro que el ciberacosador es una persona, por lo menos en comparación con su víctima, que juega con ventaja en lo que se refiere al manejo y dominio de las llamadas Nuevas Tecnologías, motivo éste por el cual el abogado, funcionario, o autoridad, que inice pesquisas, actuaciones. o cualquier tipo de indagación en dicho ámbito, va a tener que estar debidamente formado en dichas materias o cuestiones técnicas, y ello a fin de poder obtener unas mínimas evidencias digitales, rastros informáticos, pericias informáticas, etc., que a fin de cuentas serán las que, ante el eventual juicio en el que pretendamos hacer valer nuestros derechos serán materia decisiva en orden a poder demostrar nuestras legtimas pretensiones y aspiraciones.

¿Qué vías habría para usar legalmente?

Por un lado, tendríamos la penal, regulada en el Código Penal. Las penas contenidas en ellas suelen ser privativas de libertad (cárcel), generalmente unidas a una multa, más la correspondiente indemnización a la víctima y reparación del daño. Otra vía posible sería la civil, por la cual no se podría pretender ya la condena con pena de prisión, pero sí el reconocimiento de todos aquellos aspectos económicos antes indicados (indemnizar los perjuicios causados, tanto físicos, económicos, como morales). Por último, tendríamos (cuando procediese) la vía de acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos, la cual no proporcionaría indemnización ni cantidad alguna en favor de la víctima, pero es posible que sí una importante multa al infractor.

Lesión del derecho al honor

Para entender que se da tal lesión habrá primeramente que indicar qué se entiende por honor, y por tal concepto entienden nuestros trbunales, por un lado, la estima o consideración positiva que cada persona tiene de sí misma, y por otro lado, en esa misma estimación (o no) pero desde el punto de vista ajeno, esto es, la consideración o estima que de nosotros tienen los demás, también llamada reputación. Pues bien, a través del ciberacoso es claro que se puede dañar, y mucho, tal estima (propia, afectando o dañando nuestra propia autoestima, o ajena, dañando nuestra reputación). Un modo podría ser usurpando nuestra identidad y haciendo uso de ella en redese sociales, de modo y manera que conductas no realizadas por nosotros lograría el ciberacosador convencer a los demás de que son nuestras, adueñándose de nuestra identidad, destrozando así nuestra reputación.

Lesión del derecho a la intimidad

Al igual que antes, habrá que definir primero qué es la intimidad, y por tal hemos de entender aquella parcela de nuestra vida, ubicadas en nuestro círculo íntimo, personal o familiar, en relación al cual no deseamos que terceras personas accedan, siempre y cuando con nuestros actos demos a entender nuestro deseo de excluir a los demás en relación a dichos aspectos de nuestra existencia. Expuestas así las cosas, podría darse una lesión de tal derecho cuando el ciberacosador, por ejemplo, publica sin nuestra autorización comentarios íntimos escritos por nosotros, en correos electrónicos, y de repente aparecen en un blog, o en el mismo “”tablón”” se airean determinadas enfermedades nuestras, tendencias sexuales, o comentarios o prácticas, del tipo que sean, pero que deseamos sigan siendo reservadas y por tanto no compartidas con otros.

Lesión del derecho a la propia imagen

Por derecho a la propia imagen hemos de entender el derecho del sujeto a disponer sobre el aspecto gráfico de su imagen, sobre la representación gráfica de la misma, con el fin (entre otros) de velar así por una determinada imagen externa, o de preservar nuestra imagen ante los demás, esto es, nuestra imagen pública, la cual, si nos fijamos, comienza a tener aspectos limítrofes con los otros derechos mencionados. Pues bien, un ejemplo de la lesión del derecho a la propia imagen efectuado por un ciberacosador podría ser, perfectamente, el que usasen una foto nuestra, en modo alguno denigrante (atentaría entonces contra el honor), ni de carácter reservado (atentaría entonces contra la intimidad), pero que por el contexto en el que se dispusiese de ella generase una imagen nuestra deformada, distante y distinta de la que nosotros realmente nos hemos ido construyendo ante los demás con el paso del tiempo.

¿Cómo protege el Código Penal nuestra intimidad contra los ciberacosadores?

Como introducción para el artículo que seguirá a esta serie sobre el ciberacoso, expondremos a continuación, simplemente, lo que dice el Código Penal en cuanto a lo que podría ocurrir si alguien, realizando lo que en sus artículos preceptúa, atenta contra nuestra intimidad. Nuestro Código denomina a este delito de descubrimiento y revelación de secretos. Vamos allá:

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior

4. Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad superior.

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado 5, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.

Aclaración importante: Este artículo se redactó ANTES de la reforma del Código Penal de que entró en vigor en julio de 2016, por lo cual habrá de tenerse en cuenta ésta.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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