Ciberacoso: Aspectos legales (2)

Ciberacoso: Aspectos legales (Parte II)

¿Cómo define el Código Penal el acoso?

Artículo 184

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.

¿Qué pruebas puede haber en juego?

Evidentemente, y tratándose del ámbito digital, y más en concreto on line, es claro que las pruebas a traer a colación serán principalmente informáticas, lo cual puede llevar a que se eleve a la categoría de imprescindible el obtener, del juez competente, la correspondiente orden judicial, o bien de entrada y registro (en un domicilio, por ejemplo) o de interceptación de telecomunicaciones (para acceder a los e-mails del sospechoso, o ver por dónde navega, chatea, etc.), todo ello en orden a obtener el mayor número de evidencias incriminatorias contra el sujeto investigado.

Siguiendo con lo anterior (aunque este aspecto exigiría por lo menos un artículo entero para su más correcta exposición), y a la hora de intervenirse soportes informáticos (discos duros, pendrives, etc.), es vital el respetar en dichas actuaciones lo que se llama cadena de custodia, y que si no se respeta ésta estaríamos, muy posiblemente, ante una prueba que, luego, durante el juicio, fuese considerada nula por el tribunal, careciendo por tanto de eficacia probatoria alguna. En síntesis, la cadena de custodia consiste en que al intervenirse dichos soportes se acceda a los mismos con las suficientes garantías de que, ocurra lo que ocurra después (remisión de copia u original a peritos particulares, policía judicial, científica, etc) se pueda asegurar que, el día de la vista oral, lo que se intervino, y se usa como base de la acusación, no ha variado, pues de haberse dado algún cambio, habríase de concluir que dicha prueba ya no es fiable, pues habría sido modificada, considerándose por ello nula.

¿Se usa la firma electrónica en estos procedimientos?

Aunque no se usa siempre, ha de saberse que si las cosas se hacen bien, lo aconsejable es firmar digitalmente, o bien en presencia del secretario judicial, o incluso con la firma digital de éste, los (por ejemplo) discos duros incautados, de modo que, a partir de dicho momento, cualquier intento de modificación de su contenido (para borrar archivos, por ejemplo, o al contrario, añadirlos para acusar falsamente a alguien) sería sencillísimamente detectable, ya que en tal caso desaperecería la firma digital inicial.

¿Y si no hay prueba alguna de tipo informático?

Podría ocurrir que, ante la denuncia de un menor contra otra persona, y por los motivos que fuesen, no se encontrasen evidencias, indicios o pruebas informáticas (porque el menor las ha borrado; porque siempre contactaba vía cibercafé, y sus sesiones se han borrado; porque el delincuente es lo suficientemente hábil como para no dejar rastro, usando navegación anónima, encriptando sus documentos, etc.). En tales casos, y al igual que ocurre, por ejemplo, en los delitos de tipo sexual (violaciones, por ejemplo, ya que normalmente no hay ni testigos ni se graban los hechos,siendo la única prueba a considerar la declaración de la víctima), sólo se tiene, como posible base de una acusación, la declaración del menor presuntamente acosado. En tales casos se someterá al mismo a lo que se llama exploración psicológica, o psiquiátrica, cuya finalidad es averiguar si sus manifestaciones son sinceras o, por contra, tienen una base falsa, fruto de una mente desequilibrada, maliciosa, resentida, o, sea por lo que fuera, sin correspondencia alguna con la realidad.

¿Cómo valora el Tribunal Supremo la declaración de la víctima?

Cuando ésta es la única prueba, lo que exige dicho tribunal es: a) Que se dé lo que se llama Ausencia de incredulidad subjetiva, o séase, que podamos descartar motivaciones basadas en ánimo vengativo, actitud rencorosa, o el resentimiento; b) Verosimilitud de la declaración: Significa que sea creíble lo manifestado, exigiéndose el contrastar lo declarador por la víctima con lo que la realidad objetiva dicte; c) Persistencia en la incriminación: Que entre lo declarado al inicio del procedimiento, y su última declaración (de haber lugar a juicio, lo declarado ante el juez el día de la vista oral) haya continuidad, coherencia, seguimiento de una misma línea argumental, y no, por tanto, contradicciones, cambios de rumbo, incoherencias o desdecirse de lo dicho antes, perdiéndose credibilidad a partir de ahí.

¿Cómo declaran los menores?

La prudencia, el sentido común, y la ley, exigen que éste declare no en presencia del adulto presuntamente culpable, procediéndose por ello a una radical separación física (e incluso visual) entre ambos. La finalidad de ello es clara: Evitar todo tipo de posible intimidación sobre la víctima.. También se aconseja que la declaración del menor ( y a menos edad tiene, con más rigor se aplicaría dicha exigencia) se efectúe en dependencias diferentes de la sala de vistas del juzgado, o de las de las dependencias policiales, todo ello a fin de evitar, en lo posible, la generación de un clima que, por su seriedad, pudiese ser un obstáculo a la hora de una declaración lo más espontanea posible del menor; igualmente es importante que, a la hora de las preguntas, tanto por la policía como por el juez, o incluso el fiscal, sean realizadas en presencia del psicólogo forense, aparte de ser formuladas del modo que menos presión o angustia generen a la víctima, usándose también un lenguaje adaptado a la edad de la misma.

¿Qué sintomatología pueden tener las víctimas?

Por un lado, y como síntomas más imediatos, se podrían observar lo que se denominan en psicología como regresiones (actuar reflejando patrones de edades anteriores, supuestamente ya rebasados y superados), siendo los ejemplos típicos el no controlar la orina (enuresis) o incluso las heces (ecopresis). Es claro que ello se dará más fácilmente a menos edad tenga la víctima, siendo más habitula, por tanto, en víctimas de 5 años que en una de 17, por ejemplo.

Si lo anterior es algo temporalmente hablando cercano a la época de los hechos, hay no obstante consecuencias posibles, de índole psicológica, que se darían con bastante posterioridad a ellos, como bien podrían ser un aumento de la agresividad, aparición de determinadas fobias, problemas de índole sexual. Todas estas patologías habrán de ser diagnosticadas por un experto.

Aclaración importante: Este artículo se redactó ANTES de la reforma del Código Penal de que entró en vigor en julio de 2015, por lo cual habrá de tenerse en cuenta ésta.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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