Hackers, protección de datos y ludopatía

Hackers, protección de datos y ludopatía

Hackers y ludopatía

Cuestiones a tratar: protección de datos – en sede penal -, delito de descubrimiento y revelación de secretos, distinción entre hacker y cracker, y ludopatía como circunstancia atenuante de la pena impuesta.

En el presente caso, y en sentencia de 15.02.06, un Juzgado de lo Penal de Badajoz dictó resolución por la que condenaba a un informático que se adentró, sin autorización, en el sistema informático de Wanadoo, logrando así acceder a un juego on line de dicha compañía, de forma gratuita a pesar de ser de pago, accediendo también a cuentas de empleados de la misma así como de usuarios del juego o clientes legítimos de dicha organización.

Hackers y crackers

Antes de continuar, la pena merece destacar – por lo raro en el ámbito judicial – que este juez expone, correctamente además, las diferencias entre el hacker y el cracker, por lo que nada mejor que citar literalmente lo expuesto en dicha sentencia: … Hacker o persona que utilizar determinadas técnicas para acceder sin la debida autorización a sistemas informáticos ajenos, o dicho en castellano, nos encontraríamos ante un intruso, figura diferente a la del Cracker o pirata virtual, que de manera intencionada se dedica a eliminar o borrar ficheros, a romper los sistemas informáticos y a introducir virus. La conducta del Hacker está guiada por un deseo de vencer el reto intelectual de saltar las barreras del sistema.

Por otro lado, indica el juez que en nuestro Código Penal no existe la figura del Hacker como concepto autónomo y expreso, no cual no quiere decir que no se le puedan aplicar a sus conductas determinados preceptos penales actualmente existentes, entre ellos el 197 que hoy analizaremos.

Descubrimiento y revelación de secretos

El Código Penal, en su artículo 197 (veremos sólo sus tres primeros apartados, pues fueron los que se usaron como base de la acusación el presente juicio) dice:

      • El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra seña de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años, y multa de doce a veinticuatro meses.

      • Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soporte informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

      • Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizase la conducta descrita en el párrafo anterior.

        Hechos acreditados

Después de las correspondientes pruebas periciales llevadas a cabo, y del registro judicial efectuado en el domicilio del acusado, se consideró probado que éste, de profesión administrador de sistemas y programador informático, estuvo, durante varios meses de 2003, y desde su ordenador personal, en su domicilio, accediendo a la red interna de administración del juego denominado Dark Age of Camelot, de pago y manejo vía on line, utilizando a tal fin, ilegítimamente y sin consentimiento de sus titulares legales – los dueños de la empresa Wanadoo – una cuenta interna con permisos de administrador para los empleados de dicha organización, obteniendo así los códigos binarios yla disposición absoluta sobre el acceso del citado juego, con posibilidades de uso y modificación de cuentas a su antojo, transgrediendo de tal modo las reglas y normas de seguridad en el funcionamiento y explotación del mencionado juego.

Interpretación del juez

Su Señoría estimó o entendió que sólo había motivos para condenar por el punto 1 del artículo 197, recordándonos que tal delito se consuma sin necesidad alguna de que el descubrimiento o revelación de secretos llegue a producirse, bastando para condenar que se haya producido el apoderamiento i interceptación, teniendo que realizarse con intencionalidad.

En cuanto al punto 2 de dicho artículo, considera el juez que no ha lugar a condenar puesto que no estamos ante datos reservados, y es que dicho precepto exige que los datos de carácter personal a los que se acceda tengan tal catalogación, esto es, se puedan tildar de reservados, aspecto este último que no se daba en el caso de autos (ejemplo de reservados podrían ser los de salud, o antecedentes penales, o tendencia sexual).

Ludopatía como atenuante

Como todos sabemos, hay determinadas circunstancias que, debidamente acreditadas en el juicio correspondiente, pueden propiciar una atenuación de la pena, con la consiguiente rebaja o minoración de la misma. Esto, y no otra cosa, fue lo que acontenció, ya que se consideró probada la gran adicción del acusado a los vídeo juegos, aunque como se llega a decir en la sentencia, la misma no fue de tal entidad que sirviese para exculpar totalmente al informático, puesto que así y todo conservó la frialdad y capacidad de razonamiento suficientes como para acometer lo que realizó.

Sentencia final

Se le condenó a un año de prisión, con uno también de inhabilitación en su profesión de informático, más el requisamiento de su equipo, pago de costas, indemnización al portal en unos 24.000 euros, y multa. Hemos de comentar que aún cabe recurso de apelación contra dicha sentencia, por lo que no sabemos – al momento de redactarse este artículo – si el mismo se interpondrá ante la Audiencia Provincial.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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