Introducción a la contratación electrónica (1)

Introducción a la contratación electrónica (I)

En primer lugar, y como cuestión importantísima a tener en cuenta, hay que saber que este mismo mes (hablamos del año 2002) ha comenzado a entrar en vigor la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, más conocida como Directiva sobre el comercio electrónico (en adelante DCE). Tal afirmación la hacemos porque dicha norma establecía un plazo para su transposición al derecho interno de los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual significa que en el caso de que un Estado miembro no elaborase una norma que recogiese el espíritu de dicha Directiva, con el fin de aplicarla a su derecho nacional o interno, la misma sería de aplicación directa una vez transcurrido el plazo contemplado en la misma. La norma que en España iba a intentar recoger lo contemplado en dicha Directiva iba a ser la llamada Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información, la cual no ha sido aprobada aún, y sí ampliamente contestada por amplios sectores de Internet.

Contratos a distancia

Para la definición de lo que se entiende por tal tipo de artículo hemos de acudir a la Ley de ordenación del comercio minorista, Ley 7/96, de 15 de enero ( LOCM ), el cual los define como aquellos celebrados sin la presencia física simultánea del comprador y vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del comprador por un medio de comunicación a distancia de cualquier naturaleza, y es claro que Internet cumple todas estas notas.

Hay que tener en cuenta también que la LOCM es aplicable igualmente a aquellos casos de contratación vía Internet en los cuales el objeto de la misma no sólo sea la venta de algo, sino la prestación de un servicio.

De igual modo, otra Directiva, pero esta vez la referida a la protección de los consumidores en la contratación a distancia, la 97/7/CE ( en adelante DPC).

¿Qué contratos no están incluidos?

Por un lado, y según la LOCM, sólo se aplican sus normas a aquellas contrataciones en las cuales el vendedor ( o prestador del servicio ) sea un comerciante ( o un profesional ) y el comprador ( o destinatario del servicio ) un consumidor.

A su vez, hay otras excepciones más concretas, que serían: venta mediante máquinas automáticas; productos realizados a medida; suministro de productos alimenticios, bebidas u otros artículos de hogar no duraderos y de consumo corriente; y venta de inmuebles.

Añadiéndose a lo anterior como productos no incluidos bajo su ámbito, regulado opr la DCE, tenemos: determinados servicios financieros ( servicios de inversión u operaciones de seguro y reaseguro ), bancarios, fondos de pensiones, y otros; también estarán excluidos los referidos a subastas.

Protección del consumidor

Actualmente se aplicará la Ley sobre condiciones generales de la contratación y su reglamento de desarrollo, la LOCM, y la DPC. En síntesis, de sus normas se extraen las siguientes consecuencias:

    • Información previa a recibir por el consumidor:

      La LOCM exige advertir al consumidor, de modo inequívoco, que se trata de una oferta de un contrato, y no de mera publicidad, y también, que el uso de una técnica de telecomunicación a distancia no tiene carácter gratuito, a no ser que ello resulte obvio ( por ejemplo, un chat en directo de contenido sexual o un asesoramiento también en directo, o la asistencia a una vídeo-conferencia de pago ).

      A su vez, y como mínimo, la oferta deberá hacer mención a: la identidad del proveedor; las características especiales del producto; precio; y en su caso, debidamente separados y desglosados, los gastos de transporte, forma de pago, modalidades de entrega y ejecución, y el plazo de validez de la oferta.

      La DPC añade a lo anterior el indicar el importe o porcentaje de los impuestos; la existencia de un derecho de resolución.

      Un obstáculo a la contratación lo encontramos, no obstante, en la LOCM cuando ésta exige que previamente a la celebración del contrato, y como mínimo en los tres días naturales anteriores a aquella, el ofertante deberá facilitar al consumidor determinado tipo de informaciones ( entre ellas las condiciones generales del contrato ). El problema de ello es que habrá de esperar el comerciante a que el consumidor lea el contrato, y tres días después efectuar la compra o contratar el servicio, pero en Internet sabemos que ello eliminaría una de las características principales de la red: la inmediatez. Sería absurdo hacer esperar ese lapso de tiempo al potencial cliente. Ante ello, y después de consultas a la Dirección General de los Registros y del Notariado, éste organismo concluyó que para considerarse cumplida tal norma bastará con que el producto o servicio ofertado haya estado en la red, anunciado, un mínimo de tres días, ante lo cual, dándose tal circunstancia, ya no habrá que esperar tales días ante todos los consumidores que deseen contratar el producto o servicio en cuestión.

    • Información a la ejecución del contrato:

      La LOCM exige que en el momento de la ejecución habrá de recibir el consumidor, de forma escrita, y en la lengua utilizada en la propuesta de contratación, determinadas informaciones: quién vende; características especiales del producto; gastos de envío; forma de pago y modalidades de entrega y ejecución; y plazo de validez de la oferta.

      También se exige informar sobre: el domicilio social del comerciante y la dirección de uno de sus establecimientos; en su caso, las condiciones de crédito o de pago escalonado; documento de desistimiento o revocación, identificado claramente como tal, expresando el nombre y dirección de la persona a la que habrá de enviarse, y los datos de identificación del contrato y de las partes del mismo.

      Por otro lado, la DPC, exige que se habrá de enviar información por escrito – o mediante cualquier otro soporte duradero – durante la ejecución del contrato, y a más tardar en el momento de la entrega del bien, a menos que ya se haya hecho antes, y todo ello versará, obligatoriamente, sobre: cómo ejercitar el derecho de resolución; ubicación del proveedor ante la cual efectuar las reclamaciones; servicios postventa y garantías comerciales existentes; y si el contrato es de una duración superior al año, o indeterminada, las condiciones de rescisión del mismo. Como se habrá podido intuir, lo expuesto no está referido a contrataciones de servicios, sino a las de entrega de bienes físicos, en cuyo caso – servicios, si se prestan de una sola vez – no se aplicará lo dicho, pero sí habrá de indicarse ante dónde efectuar las reclamaciones, aportando la dirección física del proveedor.

      Por expresión soporte duradero”” antes utilizada, hay que entender que cabe en ella el mero correo electrónico, pero no así, y esto es importante, la mera aparición de dicha información en pantalla, pues la LOCM exige que no ha de estar obligado el consumidor a llevar a cabo ningún acto con el fin de su almacenamiento, lo cual ocurriría si sólo apareciese en pantalla, teniendo éste que llevar a cabo su almacenamiento en el disco duro mediante la oportuna orden a través de su ordenador de grabar tal información. Sin embargo, para salvar tal obstáculo, existe la vía de usar lo que se denomina firma electrónica avanzada, que es un tipo de firma electrónica tal que permitirá, a través suyo, la identificación de los contratantes, la autenticidad del documento en el que se plasme la contratación, la garantía de que no se ha alterado lo plasmado en el documento, así como el momento exacto de su emisión y recepción.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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