Introducción a la contratación electrónica (2)

Introducción a la contratación electrónica (II)

En este artículo continuaremos con los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de la contratación electrónica, dando así finalización a los esbozos ya iniciados en el artículo que sobre este tema escribimos la semana pasada.

Prestación del consentimiento

El mismo ha de darse o manifestarse de forma expresa, no valiendo por tanto aquel dado de forma tácita, ni deducirse del silencio del consumidor. Es por ello que en ningún caso la falta de respuesta del consumidor o potencial cliente ante una oferta realizada al mismo podrá considerarse, en ningún caso, como una aceptación. Estas son las pautas que nos marca la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ( LOCM ).

De igual forma, y refrendando la anterior, la normativa comunitaria al respecto ( Directiva 97/7/CE ) nos recuerda la prohibición de suministro de bienes o servicios al consumidor sin que exista encargo previo por parte del mismo ( salvo que sea un regalo u obsequio, naturalmente ); también, para el caso de contravención de dicha norma, dispensa al consumidor del pago, indicando que la falta de respuesta no podrá considerarse como consentimiento por parte del mismo.

Ejecución del contrato

Ante el silencio sobre el mismo en la oferta, la LOCM indica que el plazo para el mismo será de treinta días después de la recepción por el consumidor, añadiendo que el pago sólo podrá exigirse antes de la entrega cuando se trate de productos que hayan sido confeccionados para una persona concreta a solicitud de la misma y con algún elemento diferenciador para ésta ( ejemplo: venden zapatos, pero los queremos con un color distinto al que viene en el catálogo ).

De igual forma, y corroborando lo anterior, la Directiva 97/7/CE, establece el mismo plazo para le ejecución del pedido, uniendo a ello que si la ejecución no se puede llevar a cabo debido a la falta de disponibilidad del bien o servicio contratado, se deberá informar de ello al cliente, devolviéndosele las sumas abonadas, y nunca después del plazo de 30 días.

Tarjetas de crédito

La LOCM, en su art. 46º1 establece que cuando el importe de un bien o servicio haya sido cargado utilizándose para ello el número de una tarjeta de crédito, pero sin que la misma hubiese sido identificada electrónicamente o presentada directamente, el titular de la misma podrá exigir la inmediata anulación del cargo, teniéndose en tal caso que retrotraerse las operaciones de cargo y abono que en su momento se efectuaron. No obstante, si la contratación se hizo por el verdadero titular de la tarjeta, y exige la anulación, habrá de abonar al vendedor el importe de los daños y perjuicios ocasionados.

La Directiva antes mencionada, exige también a los Estados miembros de la Unión Europea que incorporen en su legislación mecanismos como el expresado de nuestra LOCM, a fin de permitir anular la operación en caso de uso fraudulento de la tarjeta de crédito.

Protección de datos

En cualquier caso, y en lo referente a los datos de carácter personal que podamos disponer de nuestros clientes, es menester hacerlos objeto de la protección exigida por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, del año 1999, la cual establece severísimas sanciones para el caso de su incumplimiento, que pueden llegar hasta 100 millones de pesetas. Como derechos básico que han de comunicársele al cliente existen los de que tiene derecho a acceder a sus datos, a cancelarlos, a rectificarlos, o a oponerse a la continuación de su tratamiento ( dejando al margen el tratamiento imprescindible para la contabilidad interna de la empresa ). También ha de indicársele al consumidor ante dónde puede acudir para el caso de que desee ejercitar tales derechos. La negativa a acceder al deseo del cliente en cuanto al ejercicio de tales derechos es también objeto de sanción, y si ello es reiterado, de sanciones aún mayores por la Agencia de Protección de Datos.

Irrenunciabilidad de derechos

La renuncia, ya sea del tipo que sea ( expresa, tácita, o presunta ) a los derechos antes mencionados, y recogidos en la LOC, es nula. De igual forma, al Directiva antes aludida contempla el mismo criterio, siendo por ello que ese tipo de cláusulas con cierta frecuencia establecidas en los contratos que sólo establecen derechos a favor del comerciante, negando, por el contrario, cualquier otro tipo de derecho al consumidor ( en el sentido de los antes mencionados ), son cláusulas nulas, no teniendo a efectos legales ningún valor.

Aspecto probatorio

El Real Decreto 1906/1999, preceptúa que corresponde al predisponente – entiéndase por tal expresión el comerciante u ofertante – en este tipo de contratos la carga de la prueba sobre la existencia y contenido de la información previa de las cláusulas del contrato, así como también de la entrega de las condiciones generales, de la justificación documental de la contratación una vez efectuada, de la renuncia expresa al derecho de resolución, y de la correspondencia entre la información, entrega y justificación documental y el momento de sus respectivos envíos.

Nos indica también la misma norma que a estos efectos se aceptará como medio de prueba cualquier documento que contenga la citada información, incluso aunque no se haya extendido en papel, como las grabaciones sonoras o disquetes, y en particular los documentos electrónicos y telemáticos, pero siempre que quede garantizada su autenticidad, la identificación fiable de los contratantes, su integridad, la falta del alteración del contenido de lo manifestado, así como el momento de su emisión y recepción, añadiendo que en el caso de contratación electrónica deberá utilizarse una firma electrónica avanzada ( FEA ). En estos casos, al documento electrónico así elaborado se acompañará una consignación de la fecha y hora de remisión, y en su caso de la recepción.

No está de más comentar que la llamada FEA, según la norma que la regula, el Real Decreto-Ley 1471999, atribuye a los datos o informaciones realizados a través de ella la misma eficacia legal que la firma manuscrita tradicional.

En el próximo artículo se hablará de modo monográfico, por su importancia y extensión, del llamado derecho de desistimiento o de resolución.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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