Introducción a la contratación electrónica (3)

Introducción a la contratación electrónica (III)

En este artículo, último de esta serie sobre la contratación electrónica, se va a analizar el llamado derecho de desistimiento, figura ésta que trata de proteger al consumidor otorgándole un plazo mediante el cual, y dentro del mismo, puede dar resuelta o extinguida la relación contractual con el comerciante on-line, exigiendo la devolución del precio entregado, devolviendo él a su vez la mercancía recibida.

Como ya decíamos antes, en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ( LOCM ), el consumidor puede ejercitar el derecho mencionado dentro del plazo de 7 días, contándose éstos desde la recepción del producto. Si la adquisición del mismo se hubiese realizado mediante un acuerdo de crédito, el desistimiento también generará la resolución del contrato de crédito.

El modo en el que se puede ejercitar tal derecho no está sujeto a formalidad alguna, bastando, a título de ejemplo, comunicarlo mediante el envío de un mero burofax, producto éste que se expide en las oficinas de Correos, similar a un telegrama, y cuya validez legal es igual a la de un acta notarial. No obstante, el consumidor deberá abonar los gastos directos de devolución, y para el caso de haberlos, resarcir también de los desperfectos ocasionados a la cosa comprada.

Los casos en los que no cabe derecho de desistimiento son: a) transacciones de valores mobiliarios, u otros productos cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de mercado no controladas por el proveedor; b) contratos celebrados con intervención de fedatario público; c) ventas de objetos que puedan ser reproducidos o copiados con carácter inmediato, o se destinen a la higiene corporal, o que en razón de su naturaleza no puedan ser devueltos, salvo pacto en contrario.

Por otro lado, y en lo que hace la regulación de derecho comunitario, tenemos la Directiva 97/7/CE, la cual llama al derecho de desistimiento derecho de resolución. Esta nos indica que el plazo será de 7 días laborables, y que no habrá penalización alguna para el consumidor, ni tendrá que justificar éste el por qué de su decisión. No obstante, sí tendrá que abonar éste los gastos de devolución.

A su vez, la Directiva establece el modo en el que habrá de computarse el plazo de los 7 días, distinguiendo entre bienes físicos o servicios, y entre que el vendedor haya cumplido o no las obligaciones que le incumben, como por ejemplo informar de la existencia del derecho de resolución, plazo que asiste el comprador, etc. En este último caso – incumplimiento de esas determinadas obligaciones por el vendedor, el plazo será de 3 meses.

También establece la norma comunitaria los supuestos en los que no tendrá cabida el derecho que ahora analizamos, ( salvo que se haya pactado lo contrario, lo cual será raro que acontezca ) y son: a) contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado, con el acuerdo del consumidor, antes de finalizar el plazo de los 7 días laborables; b) de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el proveedor no pueda controlar; c) de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez; d) de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas informáticos, que hubiesen sido desprecintados por el consumidor; e) de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas; f) de servicios de apuestas y loterías.

Pues bien, por si lo anterior fuera poco, existe otra regulación más, pero nacional en este último caso, tratándose ahora del Real Decreto 1906/1999 ( RD 1906). Al margen de los preceptos contenidos en esta última norma, que en síntesis son una especie de repetición de lo ya expuesto, hay un detalle que requiere su análisis más detenido, y es que se indica que Corresponde al predisponente la prueba de la renuncia expresa al derecho de resolución. Como se puede observar, está tácitamente reconociendo que cabe una renuncia al derecho de resolución, aunque ha de ser expresa. Ante ello, y puesto que las normas anteriores tildan de irrenunciable tal derecho, cabe la duda acerca de si es renunciable o no, renuncia que obviamente interesaría al vendedor, pero que no ocurriría lo mismo en lo referente al consumidor, al cual mermaría sus derechos. Para aclarar tal extremo habremos de esperar a que los tribunales aclaren la situación, pues hay autores y estudiosos del tema que entienden que este RD 1906 no puede derogar lo dispuesta en la LOCM, que establece la irrenunciabilidad e tal figura, y que por lo tanto, tal renuncia sería nula. Los hay también que entienden que tal renuncia sería válida pero siempre y cuando fuese posterior a la contratación, o séase, no de forma previa, con lo cual el consumidor, una vez efectuada la compra o adquisición podría ejercitar tal renuncia, supuesto éste más académico que práctico, pues dudamos que algún consumidor vaya a estarse preocupando de ello una vez adquirido un bien. En fin, una vez más, la polémica está servida.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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