Protección de datos y Padrón municipal

Protección de datos y Ayuntamientos (Padrón Municipal)

¿Qué es el Padrón Municipal de Habitantes?

Es, antes que nada, un registro administrativo, regulado en la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), figurando en él los vecinos de un municipio, correspondiendo su gestión administrativa, por medios informáticos, al ayuntamiento que corresponda. Su función es, entre otras, acreditar y determinar el domicilio y residencia habitual de los vecinos del municipio.; también sirvern para elaborar el censo electoral así como estadísticas oficiales.

El dato de que la LBRL, en su artículo 17, indique que “”… la gestión del padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos”” supone, a juicio de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, que dicha gestión no se puede delegar en un tercero, ni por tanto externalizar dicho servicio, salvo (supuesto más que hipotético y nada operativo, por tanto) que se solicitase el consentimiento en tal sentido a todos y cada uno de los vecinos que conformasen el padrón.

¿Puede la policía acceder a él?

Frecuente es que los pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sean de ámbito local, autonómico, o estatal, acudan a un ayuntamiento en solicitud de los datos de algún vecino cuyos datos están incorporados en el padrón, supuestamente para localizar su domicilio. En tales casos, la normativa de protección de datos, a través del artículo 22 de la Ley 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). En tal sentido, la Agencia Española de Protección de Datos viene diciendo, reiteradamente, además, que con carácter general, debe indicarse que la comunicación de datos planteada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la citada Ley Orgánica, una cesión de datos de carácter personal, definida como Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado””.

Tal y como determina el artículo 11º1 de la LOPD, “”los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado””. Esta regla de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11º2, entre los que cabe destacar aquellos casos en que una norma con rango de Ley dé cobertura a la cesión. Por ello, deberá determinarse si la legislación reguladora de los ficheros a los que la consulta se refiere permite esa transmisión de sus datos.

A su vez, el 16º3 LBRL dispone que “”los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública””.

Fuera de estos supuestos, los datos del Padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por otro lado, y en el ámbito específico de la policía, y expuesto de una manera sintética, los requisitos que habrá de cumplir la policía al solicitar dichos datos serían:

a) Se asegure que que se utilizan únicamente aquellos datos que son adecuados, pertinentes y no excesivos;b) La cesión se realice en el marco de expedientes concretos y con necesidades debidamente justificadas, relacionadas con las funciones propias del Cuerpo de que se trate (Guardia Civil, Policía Local, etc.);c) Se garanticen la confidencialidad y seguridad de los datos personales;d) Los datos solicitados han de estar limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por ategorías en función de su grado de fiabilidad”;e) La cesión habrá de estar limitada a los datos referidos al nombre, apellidos y domicilio, al ser éstos los únicos que la Ley de Bases de Régimen Local autoriza a transmitir, y para el uso derivado de la función de mantenimiento de la seguridad pública.

¿Puede un ciudadano solicitar los datos del Padrón del resto de los miembros de la Unidad Familiar?

 

Aunque es (desgraciadamente) hecho habitual en más de un ayuntamiento el permitir dicha práctica, es totalmente ilegal por ser contraria a la LOPD.

Ya en el año 2008, la Agencia Española de Protección de Datos resolvió un expediente, por denuncia de un ciudadano, contra el ayuntamiento de Melilla. Un ciudadano, vía Internet, e identificándose a través de su certificado digital, accedió no sólo (hasta ahí habría sido legal) a los datos propios incorporados en el Padrón de su propio ayuntamientok, sino que se le permitió acceder, sin solicitársele en tal sentido autorización alguna en orden a ello por parte del resto de miembros de la unidad familiar (ahí radicó la ilegalidad) a la información concerniente a todos ellos y obrante en el Padrón.

 

¿Y los concejales de la oposición, pueden acceder al Padrón?

También en este tema hay varias resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, dejando bien claro que, según dispone el 77º LBRL, “todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”. A su vez, sigue afirmando la Agencia, y dado que las leyes atribuyen a los concejales la posibilidad de consultar la documentación obrante en el Ayuntamiento en el ejercicio de su actividad de control de los órganos de la Corporación y sin prejuicio de las especialidades que pudieran derivarse del régimen específico de determinados tratamientos (como los ficheros tributarios, sometidos a las limitaciones previstas en la Ley General Tributaria), pero que no son aplicables a este caso, la cesión de los datos en que consistiría la consulta se encuentra amparada por el 11º2 a) LOPD. No obstante, aclara a su vez la Agencia, será imprescindible que en la petición de información efectuada pos los concejales, se determine con claridad la finalidad a la que se van a destinar los datos solicitados.

Para terminar, afirma dicha institución que dichos concejales sólo podrán usar dichos datos en el ámbito de sus competencias, lo cual, trasladado al caso que analizamos, significaría que dicha utilización habrá de limitarse al ejercicio de la función de control prevista en la Ley, sin que sea posible que los concejales den ningún tipo de publicidad a los datos ni los cedan a ningún tercero.

Como anécdota citar, que en Andalucía, un partido político de un ayuntamiento, usó dichos datos para felicitar a los vecinos por Navidad. Huelga decir que la Agencia declaró dicho uso ilegal.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

Web: www.proteccionlegal.com

Tlf.: 678.97.00.64

Se permite su uso y reproducción siempre y cuando se citen: Autor, mail y url, sin modificar su contenido, o en caso de citar parte de él, evitando distorsionar su sentido.

Bajo licencia Creative Commons: