Correo sindical y funcionarios

Correo sindical y funcionarios: Protección de datos

Protección de datos: Legalidad de envío de correos por el sindicato, a trabajadores públicos

La Agencia Española de Protección de Datos fue sometida a consulta en cuanto a la legalidad, o no, del envío por parte de un sindicato, de correos electrónicos con contenido sindical a trabajadores públicos, y en su caso si se aplicarían tanto la LOPD (Ley 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal) como la LSSI (Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico).

LSSI ¿se aplicaría o no?

A tal fin tendríamos que verificar, previamente, si tales envíos se podrían catalogar como comunicaciones comerciales, ya que en tal caso se requeriría el consentimiento previo, y expreso, de los destinatarios. Tales cuestiones están debida y cabalmente reguladas en los artículos 21º y 22º de dicha norma. Recordémoslos, aunque sea parcialmente (los subrayados y/o cursivas son nuestros):

Art. 21º LSSI

Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica

equivalentes.

1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Art. 22º LSSI

Derechos de los destinatarios de servicios.

1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente. A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado”

En el caso que nos ocupa, se trataba de comunicaciones vía e-mail, remitidas por un sindicato a los trabajadores públicos de la institución, con contenido sindical, siendo claro en tal supuesto que no se trataba de comunicaciones de índole comercial, pues no se estaba promocionando ningún tipo de bien o servicio (entendido o considerado ello desde un punto de vista mercantil u oneroso). Por tanto, y como consecuencia obligada de ello, quedaba claro la no aplicación de la LSSI.

¿Se aplicaría entonces la LOPD?

En principio, y dado que las direcciones de correo electrónicos sí se consideran pertenecientes a la categoría de dato de carácter personal, y por tanto serían un dato protegido por la normativa de protección de datos, habría que aplicar lo que a tal respecto, tanto la LOPD como su Reglamento actual, el RLOPD (Real Decreto 1720/2007) dicen, y es que a tal fin de requerirá el consentimiento inequívoco del afectado (en nuestro caso, el titular de la dirección de correo) SALVO que la ley indique otra cosa.

Por otro lado, nos recuerda la Agencia que la habilitación legal a la que se hace alusión (puesto que aquí no hubo consentimiento de los trabajadores) no ha de ser necesariamente expresa, sino que se podrá deducir, afirmando ello con base en lo así dispuesto en el Reglamento de la LOPD, cuando indica que tendrá por dada tal habilitación cuando:

Art. 10º a, 2 RLOPD

– El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

– El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.

En el supuesto ahora objeto de análisis, y como era fácilmente intuible, la norma legal que, con las debidas cautelas, legitimaría tales envíos sería la LOLS (Ley Orgánica de Libertad Sindical, 11/1985), pues al hilo del reconocimiento (como no podía ser menos) del derecho a la actividad sindical, dice, respecto de los sindicatos más representativos y también de los que, en su caso, tuviesen representación en los comités de empresa, lo siguiente:

Art. 8º 2, a, LOLS

con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores”.

Como vemos, y para sorpresa de más de uno, no se habla aquí de correo electrónico, sino de algo que al lado de éste comienza ya a mostrarse como vetusto o perteneciente al pasado (el tablón). Por suerte, y para corregir esa falta de previsión de la LOLS, pues no tuvo en cuenta las Nuevas Tecnologías, nuestro Tribunal Constitucional, resolviendo un recurso de amparo en el año 2005, interpretó que el uso del correo electrónico debía entenderse incluido en el concepto de tablón de dicha ley, a fin de que la misma estuviese con los tiempos. Los únicos requisitos que puso en orden a considerar lícitas tales comunicaciones fueron:

a) La comunicación no podrá perturbar la actividad normal de la empresa

b) No podrá perjudicarse el uso específico empresarial preordenado para el mismo, ni pretender que deba prevalecer el interés de uso sindical

c) Finalmente, la utilización del instrumento empresarial no podrá ocasionar gravámenes adicionales para el empleador, significativamente la asunción de mayores costes.

Por tanto, y como conclusión final, la AEPD terminó afirmando que, dentro de los límites expuestos, el uso por parte del sindicato, para el envío a los trabajadores de dicho organismo, incluso sin consentimiento de éstos ni de la institución titular del servidor usado para ello, de comunicaciones informando de asuntos relacionados con futuras elecciones sindicales, sería lícito a los efectos de la protección de datos.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

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