Delitos informáticos: Algunas cuestiones internacionales

Delitos informáticos: Aspecto internacional (parte I)

¿Qué país es el competente?

Comentaramos a estos efectos, y simplemente para describir un poco cómo se planteó ésto al principio, cuando Internet no era tan conocido, y menos aún se sabía cómo actuar ante actos, hechos o delitos, cometidos a su través. Los dos casos más conocidos inicialmente fueron:

a) El caso del Estado francés contra Yahoo: Resulta que a través de la web de Yahoo se vendían y publicitaban productos nazis, y el Código Penal francés pena tal conducta, pero la misma no es ilegal en Estados Unidos, sede de Yahoo, por lo que cuando fue demandada, alegó que no eran competentes los tribunales franceses, a pesar de poderse vender dichos productos (ilegales en Francia) a su través, hacia el público francés. Los tribunales franceses terminaron condenando a Yahoo, declarándose competentes, y ordenándole que destruyese todos los datos de dichos productos, bloqueando toda publicidad de los mismos hacia el público francés. Ello fue en 2001.

b) En este caso se trataba de una supuesta difamación, de un diario electrónico norteamericano, en relación a un empresario australiano. Los tribunales de este último nacional se declararon competentes para juzgar el caso, tomando como criterio para tal fin el del lugar en el que se produjo el daño (Australia). Ocurrió en 2002.

¿Qué ocurre en España?

En España son básicos, a estos efectos, los preceptos contenidos tanto en la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) como en la LECr (Ley de Enjuiciamiento Criminal), aparte de algún convenio interncional que comentare más adelante.

Articulo básico: 14º de la LECr: Será competente para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delitos se hubiere cometido (forum delicti comissi). Pues bien, algo en apariencia tal sencillo, como decidir en dónde se ha cometido el delito, si es algo no muy complejo en el ámbito del derecho penal tradicional, se puede complicar sobremanera en el sofisticado mundo de Internet, siendo por ello que en nuestro país, en este orden de cosas, hay que distinguir entre antes y después de 2005.

Antes de 2005: Los criterios para decidir en qué lugar se consideraba cometido el delito informático fueron de lo más variopintos y variados: Lugar en el que se descubriesen las pruebas materiales, el de donde esté el servidor, el del juez que primero conociese del asunto, zona en la que estuviese la empresa desde donde se inició el delito, etc.

A partir de 2005: Más concretamente a partir del 3/2/2005, y a consecuencia de reunirse, debatir, y adoptar una postura uniformadora, el Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo (Sala 2ª), acordó aplicar el principio o criterio, denominado de ubicuidad, el cual concretaron así: “”El delito se comete en todas las jurisdicciones en que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia el Juez de cualquiera de ellas que primero haya realizado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa“”.

Por otro lado, y cuando el delito (lo que suele ocurrir cuando de índole económica son) afecte a una pluralidad de personas, en lugares diferentes además (en el territorio de más de una Audiencia – Provincial, se entiende -, dice la LOPJ), será competente en tal caso para su instrucción y juicio la Audiencia Nacional (sus Juzgados Centrales de Instrucción, y luego, para la vista oral los Centrales de lo Penal). Suele tratarse (entre otros) de casos en los que, por ejemplo, estamos ante estafas informáticas que afectan a víctimas de más de un lugar, repartidas por todo el territorio nacional.

En apoyo de lo expuesto, tenemos ya desde 2007, un Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sobre delitos informáticos, en concreto sobre defraudaciones a través de Internet, en el cual se reconoce la competencia, única, al Juzgado Central de Instrucción (de la Audiencia Nacional), arguyendo que era lo mejor para evitar mayores complejidades en la instrucción, así como también para evitar dilaciones o retrasos indebidos o innecesarios.

Uno de los criterios también aplicados, cada vez más, por nuestros tribunales, es el denominado de eficacia, procediendo a la acumulación de causas y hechos, pero sólo si existe conexidad. Ejemplo práctico de ello: Servidor con archivos con contenidos pederastas; multitud de usuarios, repartidos por toda España. En el caso expuesto, y salvo que haya habido un concierto o acuerdo previo entre los mismos, optan por instruir tantas causas como imputados haya. En este caso, al no estar concentradas (entre otras cosas, por no ser ni necesario ni lógico), se resolverán más rápido que si las hubiésemos agrupado en un mismo tribunal. No obstante, y para el caso opuesto, esto es, que sí hubiese habido acuerdo, concierto, coordinación, entre los imputados, conocerá del procedimiento aquel de los juzgados que primero haya tramitado la causa, acumulándose en su sede el resto de las intrucciones.

Ejemplo de lo anterior, pero extrapolado al ámbito judicial internanacional europeo, estaría constituido por los artículos 6 y 7 de la norma comunitaria que crea Eurojust (Decisión del Consejo Europeo 2002/187/JAI) con el fin de luchar contra las formas graves de delincuencia, y ello es así por cuanto se establece en dicha norma un mecanismo “”arbitral””, caracterizado por la voluntariedad, a fin de determinar o decidirse la jurisdicción nacional finalmente aplicable, dicho ello en el sentido de que sería finalmente competente aquella jurisdicción (criterio de eficacia y de ubicuidad) que estuviese en mejores condiciones de resolver o tramitar el asunto.

¿Cómo está la cooperación internacional?

En el caso concreto de las herramientas institucionales que estarían a disposición del Estado española tenemos dos muy concretas: Eurojust y Europol. A través de ellas se canalizarían las peticiones españolas de solicitud de cooperación, tanto judicial como policiales, con el requisito de que dichos delitos informáticos o criminalidad electronica transfronteriza afecten a por lo menos dos Estados de la Unión Europea, y además se efectúen en el marco de la llamada delincuencia organizada.

No menos útil se nos revela, en el ámbito expuesto (UE) la Orden de Detención Europea, figura procesal a modo de elemente de extradición, entre países miembros de la Unión Europea. Está regulada en la Ley 3/2003.

Junto a lo anterior tenemos también otra figura: El Mandamiento de Embargo y Aseguramiento de Pruebas, de 2006, la cual será de aplicación en relación a objetos, documentos o datos, que con posterioridad sean de utilidad o aprovechamiento en cuanto a su valor o función como medio de prueba en el correspondiente procedimiento penal. Entre los distintos delitos para los cuales está pensado dicho elemento están no sólo los delitos informáticos, sino los de blanqueo de capitales, falsificación de medios de pago, pornografía infantil, terrorismo, o fraudes y estafas informáticas.

Por otro lado, pero ya no en el ámbito procesal o procedimental, sino sustantivo, esto es, de regulación de delitos en los correspondientes códigos penales nacionales (continuamos hablando de la UE) , y dentro de lo que se ha llamado Espacio de Libertad, Seguriad y Justicia (consecuencia de la aplicación del Tratado de Amsterdam y Lisboa), se tiene prevista la correspondiente (y necesaria) armonización de la regulación y descripción de tipos o figuras penales en algunos de sus ámbitos (no en todos, por tanto). Ello ya va tomando forma, por ejemplo, en lo concerniente a la figura de ataques a sistemas de información, pornografía infantil o falsificación de medios de pago (a travás de las correspondientes Decisiones Marco).

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

Web: www.proteccionlegal.com

Tlf.: 678.97.00.64

Se permite su uso y reproducción siempre y cuando se citen: Autor, mail y url, sin modificar su contenido, o en caso de citar parte de él, evitando distorsionar su sentido.

Bajo licencia Creative Commons: