Delitos por Internet: Juzgado competente

Delitos por Internet: Juzgado competente

Planteamiento inicial del problema

La esencia de lo expuesto en este título radica en averguar qué hacer, ante un delito cometido a distancia (a través de Internet en este caso) en cuanto a decidir qué tribunal sería el competente para su enjuiciamiento o, en su caso, instrucción. Y ello es así por cuanto podría darse el caso de que, por ejemplo, la acción afecte o despliegue sus efectos en varios países, o aún dentro sólo de uno, a ciudadanos de varias partes del mismo; a su vez, la acción podría llevarse a cabo en una zona, y el efecto en otro; también el efecto podría tener variantes, ya que podría ser simultáneo, o darse poco a poco, sucesivamente.

Teorías a fin de su solución

Las teorías formuladas por la jurisprudencia en cuanto ello han sido tres: 1) Llamada Teoría de la Actividad: Será competente el tribunal del lugar en el que se llevó a cabo la actividad delictiva; 2) Teoría del Resultado: Será competente el tribunal del lugar en donde se haya verificado o dado el resultado de la acción delictiva; 3) Teoría de la Ubicuidad: Será competente el tribunal del lugar donde se haya cometido el delito, y éste se entenderá cometido donde se haya llevado a cabo la actividad o manifestado el resultado. Por tanto, cuando la acción y el resultado no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, será de aplicación en tal caso este principio (el de la toería que ahora tratamos), según el cual, tanto un lugar (el de la acción) como el otro (el del resultado) habrán de tenerse en consideración a los efectos del artículo 14º2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (habla de qué juzgados serán los competentes para la instrucción de las causas por delito).

En el caso vinculado a los dominios elvinoyeljamon.com y vesatec.com, las defensas plantearon, como cuestión previa, y a fin de que se declarase la falta de competencia del tribunal que sí la pretendia (ubicado en Barcelona), que dicho tribunal no era competente. No obstante, y a pesar de ello, arguyó dicho tribunal que, por un lado, dichos sitios web fueron creados en España, para más tarde estar alojados en un sevidor situado físicamente fuera del territorio español (en Estados Unidos, más concretamente), lo cual – así lo entendió dicho tribunal – no era obstáculo para, ya se aplicase la teoría de la actividad, resultado o ubicuidad (no olvidemos que las víctimas eran españolas) era competente dicho órgano jurisdiccional para el conocimiento, enjuiciamiento y fallo de la cuestión.

Por otro lado, hay un tipo de delito, llamado de mera actividad, pues su consumación se da con independencia de que se haya o no producido resultado material alguno. Ejemplo de ello podría consituirlo el de difusión de pornografía infantil. En estos casos es claro que la teoría del resultado no tendría cabida aquí. En orden a solucionar tal aparente problema, algunos autores destacados plantean efectuar una reinterpretación de ello en el ámbito de la Red, siendo por ello que, por ejemplo, alguno ha propuesto completar el princpio de territorialidad con el real o de protección de intereses, llegando incluso a plantear en tales casos una aplicación del también conocido principio de justicia material.

El supuesto de la multiplicidad de víctimas, situadas en diferentes territorios

En estos casos, la jurisprudencia española es realmente vacilante y cambiante, lo cual conduce, evidente y desgraciadamente, a una gran inseguridad jurídica.

Precepto básico aquí es, entre otros, el 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)::

Artículo 65 . La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:

1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:

a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno.

b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

Veamos los diferentes enfoques llevados a cabo por nuestros tribunales (y con ello las contradicciones ínsitas en los mismos):

A FAVOR DE LA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL:

Tribunal Supremo (Auto de 18.10.2004, a favor de la competencia discutida del Juzgado Central de Instrucción – Audiencia Nacional -): En este Auto, a favor de la competencia del Juzgado Central aludido, la base en los siguientes motivos:

“”… los hechos, además de referirse a un número plural y aún no suficientemente determinado de perjudicados … se llevaron a cabo con método capaz para producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, cual es la de comercialización de productos a través de la red electrónica e informática de Internet, causando, además, perjuicios a personas ubicadas en los territorios de múltiples Audiencias Provinciales””.

EN CONTRADE LA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL:

Tribunal Supremo (Auto 17.09.2004), a favor de otorgar la competencia al juzgado de Reus, y no al Central de Instrucción de la Audiencia Nacional): En esta resolución judicial, el quid de la cuestión estriba en la interpretación que se hace en dicho Auto en relación al concepto “”generalidad””. En este asunto quedó claro que el número de afectados estaba bien determinado (21 en total), y también lo fue que residían en territorios pertenecientes a más de una Audiencia, pero … he aquí que este Tribunal entendió que el requisito de la generalidad no se daba, y ello por cuanto (transcribimos literalmente) “”… generalidad es semánticamente sinónimo de mayoría, muchedumbre, de casi totalidad de los individuos u objetos que componen una clase o todo sin determinación a persona o cosa particular (diccionario de la Real Academia Española de la Lengua), y por ello, como cuando en este caso los sujetos pasivos eventuales no sólo están determinados sino que incluso no resultan en número excesivo (21 personas), la atribución competencial al Juzgado Central de Instrucción … no es posible””

En algún otro supuesto, el mismo Tribunal (Supremo) ha acogido como criterio esencial el de evitar dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento; en otros, lo que considera relevante es – con lo subjetivo que ello es – el elevado número o no de los afectados.

Interpretación del Tribunal Supremo sobre el concepto “”generalidad de personas”” en cuanto a criterio de atribución de la competencia

En reunión plenaria de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 30.4.99, se acordó (expuesto sintéticamente) que el término generalidad de personas puede coincidir con la existencia de una multiplicidad importante de personas PERO ello siempre habrá de ponerse en conexión con los siguientes tres criterios: 1) Trascendencia económica o no de los hechos; 2) Posibilidad (o dificultad) de instrucción del sumario o diligencias previas correspondientes; 3) Finalidad de evitar dilaciones indebidas.

Como vemos, son criterios notoriamente indeterminados, hecho que ha motivado (y seguirá haciéndolo) su correspondiente dosis de inseguridad juridica.

De todos modos, nuestra jurisprudencia actual, continúa en su empeño de homenajear el Guadiana, pues el zigzagueo no es algo raro, y ello por cuanto en ocasiones ha sido determinante de la competencia territorial el juzgado que primero inició las actuaciones; en otras, el del partido judicial en donde se hayan descubierto las pruebas materiales; en otras, el criterio lo decidirá el lugar en donde esté la sede de la empresa desde la cual se ejecutó el acto; ubicacion física del servidor; domicilio del querellado; etc.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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