Derecho al Olvido: Reconocimiento judicial

Derecho al Olvido; Reconocimiento judicial

¿Qué es el derecho al olvido?

Consiste en que en relación a nuestros datos, cuando éstos no sean necesarios para un fin legítimo, dejen de usarse, y dejen de estar accesibles en Internet.

Caso habitual podría ser el siguiente: Pepe es notificado vía Boletín Oficial de la Provincia en relación al pago, vía ejecutiva, de una multa de tráfico. La paga. Transcurren 7 años. Alguien teclea los datos de Pepe (su nombre y apellidos, y/o su DNI) en Google, y nos da como resultado que hace 7 años no pagó una multa. Pues bien, se supone que dicha notificación tenía una sola finalidad: Notificar al interesado (Pepe) dicho acto administrativo, por lo cual, una vez notificado, y archivado el procedimiento (porque se le embargó, o pagó voluntariamente, por ejemplo), deja de tener sentido que dicha deuda continúe figurando en la Red. No obstante, en muchos casos continúan dichos datos. Es en este caso, en el que habría derecho al olvido, esto es, derecho a que nadie acceda a dicha información, pues no habría justificación de ello.

¿Qué ocurrió en la sentencia que nos ocupa?

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se dictó (un martes 13, precisamente, y más exactamente el 13/05/2014) debido a que en España, llegó a haber unos 200 procedimientos contra Google, ante la Agencia Española de Protección de Datos. Uno de ellos fue planteado por este despacho, habiéndosele ganado a Google también. Pues bien, como Google recurrió, y el recurso se canalizaba vía Audiencia Nacional, esta entendió que debido a las serias dudas que le planteaba la cuestión en cuanto a la interpretación en dicho asunto, en relación a la Directiva actual de Protección de Datos (“madre” de nuestra Ley 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal), planteó lo que se llama “cuestión prejudicial”, o séase, elevó la cuestión ante este Tribunal de Justicia de la UE a fin de que el mismo se pronunciase en torno a determinadas cuestiones sobre dicha norma y el caso en cuestión.

En síntesis apurada, la sentencia dice: El responsable del buscador lo es también de los enlaces que en sus resultados de búsqueda dé a los usuarios. Por tanto, para el caso en el que una información concerniente a una persona física, lesione su derecho al olvido, el responsable del motor de búsqueda (Google, en este caso) estaría obligado a retirar los enlaces, y a su vez, el que puso los contenidos en la Red, estaría obligado a retirarlos. Como vemos, no es que el buscador haya de retirar los contenidos, sino los enlaces hacia ellos. Los contenidos habría de retirarlos de Internet quien los puso.

¿Aplicación práctica de todo ello?

Pues que si algún ciudadano, persona física, por tanto, demuestra que sus datos está en la Red, y que lo están no sólo sin su autorización, sino que dicha permanencia obedece a un tratamiento de datos que se considere inadecuado, no pertinente, o excesivo, y además, que dicha información no es de interés publico, ni el personaje de que se trate sea un personaje público, en relación a dicha información habrá que hacer dos cosas:

a) El buscador habrá de eliminar los enlaces o links hacia la misma.

b) Quien haya puesto dichos datos en la Red habrá de retirarlos.

A su vez, para la retirada, habrá previamente que requerir (al que puso el contenido, y al buscador, o buscadores). Si hiciesen caso omiso, se podría acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, aunque ello sólo serviría para requerir a dichos denunciados a fin de retirar los enlaces y los contenidos, pero no se podría obtener por dicha vía una indemnización o compensación, para lo cual haría falta ir por la vía civil, alegando lesión del derecho al olvido.

Texto literal (el subrayado, resaltado y/o cursiva, son nuestros) de las conclusiones finales de la sentencia:

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1) El artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d).

2) El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido

de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filialdestinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

3) Los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.

4) Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la

injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

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