Grabación de plenos municipales ¿legal?

Grabación de los plenos municipales ¿legal?

De vez en cuando se genera debate en cuanto a si es o no legal grabar las sesiones de los plenos de los ayuntamientos, olvidando más de uno lo que al respecto (para el que necesite dicho informe, pues en principio no haría falta) ha dicho ya,desde el año 1999, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al evacuar consulta en tal sentido. Para los necesitados de tiempo, comenzaremos este artículo por el final: Sí se pueden grabar (con los matices que a continuación expondremos).

La consulta que nos servirá de apoyo en orden a fundamentar lo ya dicho, planteaba a la AEPD si la grabación, difusión y almacenamiento en la página web los plenos de la corporación eran respetuosos con lo contemplado en la LOPD (Ley 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal).

A su vez, y de conformidad con lo contemplado en la LOPD, se considerará cesión o comunicación de datos toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado, por lo cual resultaría claro que, se ponga o no en Internet el contenido de lo grabado (en el caso concreto de la consulta así se pretendía), pero siempre y cuando se comunique a un tercero el mismo, estaríamos ante una cesión de datos. A su vez, y según la misma LOPD, para que una cesión de datos sea lícita habría que cumplir con lo establecido en el artículo 11º1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos: “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, Sin embargo (con base igualmente en la misma norma), no será necesario el consentimiento de los afectados cuando la comunicación se encuentre amparada por una norma con rango de Ley (artículo 11.2 a).

Por otro lado, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 70º, nos recuerda lo siguiente (subrayado, negrita, cursiva y demás destacados, son nuestros):

1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.”

De lo expuesto se deduce (tal cual como hizo la AEPD, ya desde 1999) que la ley establece y determina la publicidad de las sesiones del Pleno (no así las de la Junta de Gobierno), siempre y cuando no afecten al 18º1 de la Constitución, y ello se estipule así por mayoría absoluta (El 18º de la Constitución regula el derecho a la intimidad)

A su vez, y al margen de la protección de datos, no estaría de más recordar que aquellos Plenos cuya grabación o filmación se nos impida llevar a cabo, es más que posible que aquel (siempre y cuando estuviésemos dentro los supuestos permitidos, ya explicados) que la impidiese (el Alcalde, su Teniente Alcalde, etc.) podría estar cometiendo un delito muy concreto: Delito de coacciones.

Por otro lado, y por hablar de que está a dos pasos por llegar, no está de comentar que el futuro Reglamento Comunitario (de la UE) de Protección de Datos, impondrá, como novedad en España, por cierto, que las Administraciones Públicas podrán ser (ahora mismo no lo son) objeto de sanciones de tipo económico (multas, para entendernos), lo cual podrá suponer que si un Alcalde (por poner un ejemplo) impide tal grabación, y la AEPD sanciona al ayuntamiento, éste podrá reclamar a aquél el monto de la multa (por la vía civil), lo cual será algo a la que terminemos acostumbrándonos, más que nada cuando el Alcalde que propice la multa sea del partido A, y luego ganen las elecciones el partido B, el cual, es posible que mire con lupa lo hecho por el anterior Gobierno municipal.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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