Reutilización de la información del sector público (1)

Reutilización de la información del sector público: Ley 37/2007 (parte I)

Finalidad de la ley 37/2007

Es claro que las Administraciones Públicas generan una cantidad ingente de información, la cual puede poseer bastante interés no sólo para el sector económico privado, sino incluso para favorecer conceptos como el de transparencia del sector público o de participación democrática de los ciudadanos en las decisiones públicas. Esta idea o concepto no es de génesis española, sino que tiene su embrión en la Directiva 2003/98 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, referente a la reutlización de la información del sector público. También, dicha Directiva, y no lo es menos la ley 37/2007, marca las pautas a fin de que el acceso a dicha reutilización de información lo sea en condiciones homogéneas dentro de la Unión, a la par que no lesione la competencia económica que se entendería como leal, siendo todo ello en condiciones ausentes de discriminación, proporcionadas con base en la equidad.

A su vez, tales normas pretenden regular la reutilización de la información del sector público, tenga la misma o no una finalidad comercial o ánimo de lucro. Igualmente, hemos de aclarar que esta ley no pretende modificar ni restringir el régimen general de acceso a los documentos en poder de la Administración (regulado en la Constitución española (artículo 105, b), sino en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Realmente, y como dice el Preámbulo de esta ley 37/2007, lo que se persigue es imprimirle a dicho régimen un valor añadido.

A qué parte de la Administración Pública se aplicaría la reutilización

Por un lado, y como es lógico, se aplicaría a la Administración General del Estado, a la Autonómica, a la Local; también a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social; igualmente a los organismos autónomos y agenicas estatales. También, y merece esto su cierta dosis de atención, a “”…cualesquiera entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad”” (artículo 2, apartado c, de la ley 37/2007). Si nos damos cuenta, y por lo menos a juicio del que esto escribe, aquí podrían tener encaje, por ejemplo, y entre otros supuestos, los colegios profesionales, ya que no hemos de olvidar que son corporaciones de derecho público, y que en ocasiones actúan como Administración Pública.

También se aplicaría la presente norma de reutilización de la información del sector público a las asociaciones creadas por la Administración, sus fundaciones, consorcios, y a cualquier entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, vinculada o dependiente de la Administración, cumpliendo los requisitos contemplados en el parcialmente aludido artículo 2, de la ley 37/2007.

Concepto de reutilización, de documento, y a qué se aplica la ley 37/2007

Para empezar, hay que dejar claro que decidir la reutilización no es una obligación ni imposición, sino algo por lo que la Administración puede optar, o no. Se entiende a su vez por reutlización el uso de documentos obrantes en manos de la Administración, por terceros, que no lo sean, ya lo fuese con ánimo de lucro o no, siempre y cuando dicho uso no suponga una actividad administrativa pública. El intercambio de dichos documentos, entre Administraciones, en el desempeño de sus competencias y en el ejercicio de las funciones públicas legítimamente atribuidas, están excluidas del concepto de reutilización de la información del sector público contenido en esta ley 37/2007. Hemos de matizar que los documentos aludidos no son sólo los elaborados por la Administración, sino también los meramente conservados por ésta, elaborados o no.

A su vez, el concepto de documento objeto de la reutilización regulada por este ley, es bastante amplio, ya que en él se incluyen todos aquellos, con independencia del soporte en el que se encuentren (físico, electrónico, etc.), y al margen de su forma de expresión (sonora, gráfica, visual, etc.). Por contra, no se considerarán documentos a estos efectos los programas de ordenador que sean objeto de protección por su legislación específica (en nuestro caso, la normativa de propiedad intelectual).

Otros documentos a los que no se aplica la presente ley 37/2007 serían, expuesto de modo muy sintético, los afectados por un deber de reserva, secreto o confidencialidad; tampoco aquellos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo; igualmente aquellos que, en virtud de la regulación tradicional del derecho de acceso (ley 30/92) sean objeto de alguna prohibición o restricción en cuanto a ello; tampoco se aplicará a aquellos documentos que, aunque obrantes en poder de la Administración, ésta los posea con fines diferentes del servicio público que tengan legalmente encomendado o atribuido; tampoco, como es lógico, aquellos documentos sobre los cuales recaigan derechos de propiedad intelectual cuyo titular sean terceros, y matizamos lo de terceros, pues cuando el titular de dichos derechos lo sea la propia Administración, la ley 37/2007 prescribe que el ejercicio de tales derechos de propiedad intelectual por parte del sector público, se hará de la forma que más favorezca la reutilización; otro tipo de documentos excluidos son aquellos gestionados por las entidades públicas que gestionen servicios esenciales (habrá que ver el alcance concreto y práctico de la palabra “”esenciales””); tampoco lo serán aquellos documentos conservados por instituciones educativas, culturales, de investigación (lo cual casa mal con lo antes indicado en cuanto a favorecer la reutilización), ni bibliotecas, teatros, ballets, óperas, orquestas o museos.

No obstante lo expuesto, en cuanto a qué tipo de documentos no serán objeto de esta ley 37/2007, se cuidad esta norma de indicar que la misma no restringirá aquellas previsiones más favorables que sobre dichos documentos pueda haber en otras leyes.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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