Transparencia y protección de dato

Transparencia y protección de datos

Administración Pública: Ley de Transparencia y Protección de Datos. Algunos apuntes.

Ya en algún artículo o conferencia anterior he expuesto lo imprescindible de interpretar la normativa de protección de datos conjuntamente con otras normas no precisamente de poca importancia, como – entre otras – la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Goiberno (Ley de Transparencia o LT, en lo sucesivo) o Ley de Reutilización de la Información del Sector Público (Ley de Reutilización o LR, en lo sucesivo).

El que no tenga, por tanto, una visión holística o de conjunto de nuestro Ordenamiento, en relación al complejo mundo de la Información, caerá en interpretaciones normativas no sólo erradas, sino sesgasdas y de graves consecuencias legales según el caso, si no de comisión de delitos o de infracciones disciplinarias, según de qué asunto se trate.

¿Protección de Datos “”contra”” Ley de Transparencia?

La relación entre estas normas no es precisamente baladí, y hasta tal punto no lo es, ni tampoco su torticera, sesgada e interesada interpretación más de una vez, que el Ombudsman o Defensor del Pueblo Europeo ya nos ha advertido del riesgo – si no realidad diaria – de usarse la normativa de protección de datos como excusa en orden a no permitir la transparencia o acceso a la información. De ello nos da su debida cuenta en su informe llamado “”El mal uso de las normas para la protección de datos en la Unión Europea””.

A su vez, y dado que en la actualidad la Administración no puede apelar al denominado secreto administrativo, se ha creído encontrar en la protección de datos un feliz aliado en orden a proteger la opacidad tradicional de su Información o ¿no nos suenan las respuestas de más un político – o de sus abogados – negándose a dar información basándose para ello en que “”hay que respetar la protección de datos””?.

De hecho, la misma AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), a través de la comparecencia de su Director ante el Congreso, en 2013, llegó a afirmar:

“”pondrá término (la Ley de Transparencia) a una práctica relativamente frecuente, consistente en invocar indebidamente, sin fundamento y sin consultar a la Agencia, la protección de datos, para denegar el acceso a determinadas informaciones, lo cual ha contribuido a generar en la opinión pública una errónea percepción de que la protección de datos constituye un obstáculo a la transparencia””.

Pero … ¿qué dice la Ley de Transparencia?

Su artículo 15º dice: (cursiva, subrayado, coloreado y demás marcas, son míos)

      • Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999 (ideología, afiliación sindical, religión y creencias), de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

        Situaciones

        – Si soy delegado sindical en una empresa pública cuyo titular es un ayuntamiento ¿sería ello una manifestación pública de mi ideología sindical?

        – Si en Linkedin, o en Facebook, y dentro de mi jornada de trabajo como funcionario, me manifiesto favorable a tal o cual opción política dentro de un foro con acceso restringido ¿equivaldría ello a una manifestación pública de la misma? ¿y si el acceso es público?

        – El caso de la exconcejala Olvido (vídeo con contenido sexual, sin su consentimiento, puesto en las redes sociales) ¿se consideraría de interés público por el cargo que ocupaba o, por contra, sería algo que aunque interesase al público no sería considerado de interés público?

Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (origen racial, salud y vida sexual), o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso (no olvidemos que expreso no exige que sea escrito) del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos (como el derecho a la propia imagen o a la intimidad, por ejemplo)sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos (como nombre y apellidos) relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos

en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Ley de Patrimonio Histórico

Establece, en general y sin que profundicemos más, los siguentes plazos:

– 25 años: si la muerte de la persona es conocida (se contará a partir de la muerte)

– 50 años: si se desconoce el momento del fallecimiento (se contarán a partir de la fecha del documento)

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o

el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines

históricos, científicos o estadísticos.

Problema

– definición de investigador: ¿quién lo es?. Si nos basamos en la ley 14/2011, de Ciencia, Tecnología e Innovación, habría de exigírseles una titulación. Se podrían incluír en tal concepto, por tanto, a los doctorandos, o estudiantes de Máster de postgrado pero … tal interpretación tan estricta iría en contra del 20º 1, b, de la Constitución, que indica que el derecho a la producción y creación literaria, artística y científica es un derecho DE TODOS.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos

únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

Problema

Si por datos meramente identificativos hemos de entender NOMBRE y APELLIDOS ¿cuál será el menor perjuicio si tales datos se ceden?. Realmente, el perjuicio no estriba en el acceso a tales datos SINO en la vinculación de éstos con determinados tratamientos, y del contexto en el que se encuadren

Por tanto, habrá de analizarse caso por caso.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación (y lo es, según la LOPD, todo tratamiento de datos personales de modo que la información obtenida o resultante no pueda vincularse a persona identificada o identificable) de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

Web: www.proteccionlegal.com

Tlf.: 678.97.00.64

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