CTBG: Publicado su Estatuto orgánico

Publicación del Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Si hace escasos dos días publicábamos un artículo acerca de la aprobación de dicho Estatuto orgánico, y terminábamos el mismo diciendo que aún no se conocía su texto, aún habiéndose aprobado y dado la noticia por el Gobierno la semana pasada, hoy, 5/11/2014, dos días después, ya tenemos el texto en el BOE.

¿Cuándo entrará en vigor y con qué medios?

El Real Decreto que lo aprueba, el 919/2014, deja su entrada en vigor para el 10 de diciembre próximo (aniversario de San Carpóforo: Mártir que lo fue de las persecuciones de Dioclesiano y Maximiano, amén de haber sobrevivido a la aniquilación de la Legión Tebana. No hay noticias de que Bárcenas existiera ya en dicha época, pero quién sabe …

Para analizar los medios con los que contará, nada mejor que transcribir su Disposición Adicional (subrayado y coloreado son nuestros):

Disposición adicional. No incremento de gasto público.

  1. La creación y puesta en funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no podrán suponer incremento de dotaciones, retribuciones, u otros gastos de personal ni, por otros conceptos, incremento neto de estructura o de personal al servicio del sector público estatal.

  2. El Consejo se dotará exclusivamente mediante la redistribución de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sus organismos y entidades públicas, y su funcionamiento se atenderá con los medios materiales y personales de que dispone actualmente la Administración.

Como se observa, y a pesar de que vivimos en un mundo rodeado de aeropuertos sin aviones, obras faraónicas desplomadas o con goteras, y presupuestos multimillonarios de obras que nunca se llegaron a realizar, la máxima con el Consejo de Transparencia es AUSTERIDAD (si siendo aún un “nasciturus”, se le trata así, no quiero ni pensar la infancia que le tendrán preparada …).

En cuanto a la adscripción de esta nueva institución, ésta lo es al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, canalizándose ello a través de su Secretaría de Estado. Resituemos el tema: Organismo que “controlará” a la Administración, dependerá de organismo de dicha Administración. Bien podría ser una pregunta del concurso Pasa Palabra: “¿De qué organismo hablamos? 10 segundos para contestar” Pero no. Así es cómo se ha configurado la institución.

En cuanto a su presupuesto, será el Consejo el que apruebe su anteproyecto, PERO será el Gobierno quien dé el visto bueno. La frase “quién corta el bacalao” ¿la está pensando alguien? ¿el controlado controla al controlador?

En cuanto a alguna de las causas del cese del Presidente del Consejo, una de ellas habla de “incumplimiento grave de sus funciones” ¿qué es grave a estos efectos? ¿quién decide o qué norma nos dice lo que es? Considerando que será el Gobierno de turno el que nuevamente considere qué es a estos efectos, grave, la influencia política – y por lo tanto el sesgo y mares de intereses – de los Gobiernos de turno se agazaparán tras la puerta.

Llama la atención que si en el artículo 11º se recoge expresamente que el Presidente del Consejo no estará sujeto a mandato imperativo ni recibirá instrucciones de autoridad alguna (nuevamente cantos de sirena a la moral o a lo moral), se indica en otra parte de la norma que será la Abogacía del Estado la que asesorará jurídicamente al Consejo. A ver, si yo quiero ir controlar al Estado, y quien me asesora es la misma Abogacía del Estado ¿alguien cree que los que cobran y obedecen órdenes de dicho Estado van a ir contra quien les da de comer? ¿cómo va a ir el Consejo contra el propio Estado, si es asesorada por los mismos asesores de éste? Hay Groucho … cuánto te echo de menos ….

Otro ejemplo de politización más, y por tanto, de no independencia, es: La Comisión de Transparencia (que además la preside el Presidente del Consejo), estará formada por:

  • Un diputado

  • Un senador

  • Un representante del Tribunal de Cuentas (sí, ese organismo plagado de antiguos cargos políticos, y cuando terminan sus informes, las supuestas irregularidades ya están prescritas)

  • Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos

  • Otro, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas

  • Y otro más, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

¿Alguien cree que, a excepción del representante de la AEPD, el resto de los cargos expuestos no estarán altamente politizados, y que por tanto su máxima preocupación no va a ser precisamente la transparencia? ¿Buscarán la aplicación de la ley, o contentar a quien los nombra?

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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