Liquidación de gananciales y derecho de uso de la vivienda

Liquidación de gananciales y derecho de uso de vivienda

RESUMEN

Habiendo derecho de uso sobre la vivienda …

– ¿se puede liquidar la sociedad de gananciales?

– Si hubiese liquidación o procedimiento para repartir la propiedad ¿continúa el derecho de uso?

– ¿se puede modificar el derecho de uso a través del procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales?

CUESTIÓN 1

Habiendo derecho de uso sobre la vivienda ¿se podría liquidar la sociedad de gananciales?

En su momento (entendiendo por tal hace bastantes años), los jueces negaban tal posibilidad, aunque en la actualidad son constantes, tanto la doctrina como la jurisprudencia en cuanto a que sí se puede liquidar la sociedad, haya o no derecho de uso sobre la vivienda ganancial.

Al principio, no obstante, exigían (ya no) que para que se permitiese incluir tal vivienda en la liquidación hubiese, previamente, una sentencia que declarase extinguido tal derecho de uso, o, en su caso, permitiese la eventual venta de tal bien bajo el derecho de uso.

Con el paso del tiempo, y como suele ocurrir (hasta en las relaciones de pareja), todo ello cambió, llegando a declarar nuestro Tribunal Supremo (año 1988) que el artículo 96º4 del Código Civil no establece restricción o limitación alguna en cuanto al poder de disposición sobre la vivienda, concluyendo que en nuestro ordenamiento jurídico no se permite una indivisión indefinida o a perpetuidad, por lo cual se permite la acción de división. Transcribimos la integridad de dicho precepto:

96º Código Civil:

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial.

En suma, concluyó dicho Tribunal que el artículo expuesto no restringe ni limita la capacidad de disposición de tal vivienda (baje Dios y lo vea …) , por lo que partiendo de tal afirmación, sería (según dicho Tribunal) posible la acción de división, así como la liquidación, pues (afirmó, y además se supone que es cierto) que en nuestro sistema de leyes no es admisible una indivisión de la propiedad con vocación eterna, permanente o sin final.

CUESTIÓN 2

Si hubiese división o liquidación ¿qué pasaría con el derecho de uso?

Imaginemos que la vivienda de que se trate, su uso, haya sido atribuido, judicialmente, a uno de los cónyuges ¿qué pasaría con tal atribución se si procediese a la liquidación de la sociedad?. Pues bien, es criterio consolidado ya entre los jueces el de que tal liquidación no afectará a dicho derecho. Ejemplo: Si se hubiese reconocido el derecho de uso a los hijos menores del matrimonio, y al cónyuge en cuya compañía queden, continuarán habitando el inmueble; es más, nuestro Tribunal Supremo ha llegado a afirmar que, incluso aunque el piso saliese a subasta, el nuevo adquirente o propietario lo adquirirá pero sin afectar ello al derecho de uso, o sea, seguirán habitándolo los beneficiarios de tal derecho (en nuestro ejemplo, los hijos con el progenitor en cuya compañía queden según sentencia).

La única forma por la cual dicho derecho de uso podría modificarse, o eliminarse sería por acuerdo entre las partes (salvo que haya hijos menores como beneficiarios de tal derecho, en cuyo caso no se podrá negociar, sino que hará falta resolución judicial en tal sentido). El otro modo de modificarlo sería mediante acuerdo o resolución judiciales.

CUESTIÓN 3

¿Se podría, a través del procedimiento de liquidación, modificar la decisión judicial referente a la atribución del uso?

Como se habrá podido intuir ya, la respuesta es clara, simple y tajante: No. El procedimiento de liquidación no tiene entre sus fines el decidir dicho tipo de cuestiones. Asunto diferente es que, a través de acuerdo entre las partes, siendo éstas mayores de edad, y en plena capacidad de ejercicio de sus derechos, decidan modificar (o extinguir) tal derecho de uso, con el límite infranqueable y permanente de que tal acuerdo no puede afectar al derecho, en su caso, reconocido a menores de edad (los hijos, por ejemplo), ya que en tal caso haríase necesaria la correspondiente resolución judicial que autorizase ello, aparte de que, en defensa de los intereses de tales menores habría de intervenir, en el juicio correspondiente, el ministerio fiscal.

CUESTIÓN 4

¿Cómo afectaría, económicamente hablando, el valor del derecho de uso, al procedimiento de liquidación?

Indudable es que un inmueble sobre el cual recaiga el derecho de uso de un tercero, a efectos prácticos actuará tal circunstancia como una carga, carga que hará que el mismo valga menos, pues ¿quién querrá adquirir una vivienda en relación a la cual no podrá ni gozar ni disponer (salvo que sea asignada por aquél en cuyo favor exisitiese tal derecho de uso, obviamente) debido a que está ocupada?

Es por lo anterior que lo expuesto es un aspecto que siempre saldrá a colación, cuando de la liquidación de inmuebles en tales circunstancias se trate. No obstante, y a pesar de lo aparentemente claro que podría parecernos el tema (considerar el derecho de uso como una carga, con valor económico), ha sido una vez más nuestro Tribunal Supremo el que ha dicho tal derecho de uso no consituye una carga para el inmueble, y que tampoco cabría hablar en ningún caso de que haya usufructo.

A pesar de la afirmación que hemos recogido del Tribunal Supremo, hay alguna que otra sentencia, de Audiencias Provinciales, como por ejemplo la de la Audiencia Provincial , de Tenerife, en concreto su Sección 4ª, de fecha 25 de noviembre de 2002, que reproducimos literalmente: el derecho de uso de la vivienda familiar constituye un activo ganancial como beneficio o fruto implícito a la misma, y su atribución en exclusiva a uno de los cónyuges conlleva inevitablemente un desequilibrio patrimonial entre ambos, considerándose así, tanto por la atribución de un derecho con un valor económico a uno de los cónyuges, como por la privación al otro cónyuge de los beneficios derivados del disfrute de ese derecho que detentaba con anterioridad””.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

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