Secreto profesional y delitos del paciente

Secreto profesional y delitos del paciente:

El texto que a continuación se transcribe es el texto literal de un escueto informe que se le encargó a este letrado en relación al hecho de que un paciente, a su médico o terapeuta, le confiese la comisión de un delito (abusos sexuales, por ejemplo) cometidos por él (o contra el mismo). En dicho informe se expone cuál sería la situación legal, y las obligaciones que recaerían sobre dicho profesional:

INFORME JURÍDICO

SOBRE

SECRETO PROFESIONAL

Y DELITOS DEL PACIENTE

OBJETO DE LA CONSULTA:

Se consulta a este letrado qué habría de hacerse ante el hipotético supuesto en el que, la psicóloga de este centro, en el ejercicio de su profesión en cuanto a pacientes del mismo, conozca, por serle relatado por el propio paciente, que se ha cometido un crimen por parte de éste, o que piensa cometerlo.

ASPECTOS LEGALES INICIALES:

A excepción de contadas profesiones o desempeños, como los de sacerdote, procurador, y abogado, protegidas por el secreto profesional en lo referente a no estar obligadas a denunciar los hechos, cuando éstos les haya sido contados en el desempeño de su profesión por sus clientes o feligreses, el resto de los profesionales, incluidos por tanto médicos y psicólogos, que conozcan la comisión de presuntos delitos perseguibles de oficio (serían todos menos la injuria, calumnia, y aquellos atentatorios contra la propia imagen), aunque tal acceso a la información lo haya sido en el desempeño de su profesión y en el marco de la relación médico/terapeuta/paciente, están obligados a comunicar dichos hechos a las autoridades (fiscalía, juez, o policía).

Fundamento legal: Artículos 262º y 263º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Artículo 262.

Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante.

Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente.

Si la omisión en dar parte fuere de un Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125 pesetas ni superior a 250.

Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con arreglo a las Leyes.

Artículo 263.

La obligación impuesta en el párrafo primero del art. anterior no comprenderá a los Abogados ni a los Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio.

El no llevar a cabo lo expuesto, podría, en su caso, suponer ser imputado como encubridor.

A su vez, si la información a la que se accede, no consiste en hechos (presuntamente) ya acaecidos, sino a futuro, esto es, que podrían ocurrir (por la probabilidad de que se den), o que el paciente amenaza con su comisión, también existiría dicho obligación.

Fundamento legal: Artículo 450 del Código Penal

Artículo 450.

1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.

2. En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia.

CONCLUSIÓN:

El recibir información acerca de la comisión de hechos delictivos, ya ocurridos, u ocurribles, y no trasladarla a las autoridades, supone la comisión de un delito, pues salvo abogados, procuradores y sacerdotes, en el desempeño de su profesión, y en relación a sus clientes/feligreses,todo ciudadano está obligado a colaborar con la justicia efectuando tal dación de conocimiento.

En cuanto a trasladar tales hechos (o las narraciones recibidas sobre dichos y presuntos hechos) al historial clínico, se habrá de efectuar si dichos datos se considerasen, en relación a la salud del paciente, adecuados, pertinentes y no excesivos, siendo ello así por imperativo de la normativa de protección de datos y de autonomía del paciente


A lo anterior cabría añadir, que si se diese el caso (por ejemplo) de oír cómo nos relata el paciente sus detalles de una violación, tal vez lo más sensato sería acudir al juzgado de guardia (en vez de a comisaría), y en compañía de letrado, solicitar ser atendidos por el juez, siendo éste el que en última instancia adoptará la medida más procedente.

Por último, y qué duda cabe, tal denuncia entrañará el riesgo de que luego no podamos probarla, y se nos exijan daños y perjuicios, aspectos todos ellos que habrá que sopesar en su momento dependiendo del caso concreto (historias creíbles, nada creíbles, verosímiles, etc.).

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

Web: www.proteccionlegal.com

Tlf.: 678.97.00.64

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