Significado de imputado, inculpado, procesado y otros

Significado de imputado, procesado, inculpado, y otros

IMPUTADO, PROCESADO, INCULPADO … SUS SIGNIFICADOS

Imputado o inculpado

Se trataría de aquella persona sospechosa de haber cometido un delito, ya sea como autor, o en concurrencia con otros. A veces se usa de modo genérico, siendo en tal caso su sentido el de la persona contra la que cualquier proceso penal se dirige. También puede usarse tal expresión de un modo más riguroso, concreto y específico, esto es, estaríamos hablando en tal caso de alguien a quien, ya sea la autoridad judicial o policial, se la considera formalmente imputado.

¿Desde cuándo se es imputado?

Según nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, se adquiere tal condición desde que se comunique a un sujeto la existencia de un procedimiento penal contra él, o se le detenga, o meramente se le cite para ser oído, al haber indicios racionales de la comisión de un delito por parte del mismo. También, obviamente, cuando se decrete su prisión provisional.

¿Se puede imputar al testigo? ¿y al denunciante?

Pues … sí, siempre y cuando se presuma por el juez instructor que alguno de ellos ha podido cometer un delito, y que los indicios existentes se eleven a la categoría de racionales. También hemos de decir que, en ocasiones, la condición de imputado, aún existiendo ya en relación a alguien, puede no comunicársele al mismo, hasta que el juez así lo considere, aunque aquí habría que hilar fino, ya que su prolongación desproporcionada o sin fundamento, podría derivar en generar indefensión al imputado, e incluso, llegado el caso, si alguien ha estado declarando como testigo (lo cual tiene su normativa y principios específicos) y resutla que ya estaba imputado (pero no se le había comnicado) podría generar la nulidad del acto o de las actuaciones.

Procesado

Se exige aquí, técnicamente hablando, que el delito – o presunto delito – por el que se esté instruyendo el procedimiento, sea de los considerados graves, y éstos son, y sólo son, aquellos así considerados por el Código Penal, siendo algunos de ellos: Aquellos en los que la pena de prisión sea superior a 5 años; los que la pena consista en privación de patria potestad; penas de alejamiento superiores a 5 años; o las inhabilitaciones especiales superiores también a los 5 años.

Se exige además que el juez instructor emita una resolución muy concreta, denominada Auto, por la cual, formal y motivadamente, se imputará a alguien por la comisión presunta de un delito de los considerados graves. Ha de haber, evidentemente, indicios racionales de la comisión del delito de que se trate, encargándose de exponer tal racionalidad el Auto al que hemos aludido.

Acusado

Se da esta situación cuando, en los escritos denominados de acusación, o de calificación provisional (confeccionado por la acusación, también), se dirige la acusación contra una persona concreta, a la vez que se solicitan penas también concretas (6 años y un día, por ejemplo), aludiéndose a delitos también específicos (apropiación indebida, por ejemplo).

No se puede estar acusado (en el sentido estricto del que hablamos, que no en el coloquial o periodístico) si previamente no hemos sido imputados y/o procesados

Condenado

Se trataría aquí de la persona a la que, habiéndose pasado por las etapas anteriores, y habiéndose igualmente celebrado juicio (con o sin conformidad), se le ha impuesto una pena. La sentencia (al igual que la condena en su caso contenida en ella) será firme cuando contra la misma ya no quepan más recursos, o bien, habiéndolos, no se haya hecho uso de ellos. A su vez, hay penas que se ejecutan (cumplir la pena de prisión, por ejemplo) aún no siendo firme la sentencia, y a veces no (dejando en suspenso su ejecución, impidiéndose así la entrada en prisión hasta no conocerse la resolución del recurso contra la sentencia aún no firme y que se discute), dependiendo del caso.

¿Qué dice nuestro Tribunal Constitucional?

En apurada síntesis, podríamos afirmar que tal Alto Tribunal – como no podría ser de otra manera – exige que la imputación formal sea, y siempre, anterior a la acusación, ya que de no ser ello así, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. A tal fin, exige igualmente lo siguiente:

a) No puede haber acusación sin imputación previa. Así se evitarían acusaciones sorpresivas, o procedimientos en los que, en la fase de instrucción, no se hubiese dado al ciudadando la oportunidad de defenderse.

b) Tampoco se puede estar acusado sin que, antes, el juez instructor haya oído al imputado. Por tanto, y antes de finalizarse la fase de instrucción, se habrá de poner en conocimiento del imputado de qué hecho punible se trata, qué derechos tiene, y designársele abogado defensor, aparte de comunicársele que tiene igualmente derecho a no declarse culpable.

c) Desde el mismo instante en que se tengan sospechas de que alguien ha cometido presuntamente un delito, no se puede seguir aplicándole al mismo la normativa o régimen que se aplicaría a los testigos, ya que en caso contrario le estaríamos generando indefensión.

Derechos del imputado

Lo son, entre otros, el de guardar silencio y no declarar contra sí mismo ni declararse culpable. También el declarar sólo ante el juez (no pudiendo, por tanto, la policía obligarle a declarar en sede policial). También tiene derecho a que, en caso de detención, ésta se ponga en conocimiento de algún familiar su detención, o a tener intérprete caso de ser necesario, o, por ejemplo, a ser reconocido por el médico forense.

A su vez, a partir de tener la condición de imputado, se tiene formalmente la condición de parte, y ello quiere decir, procesalmente hablando, que se le reconocerá la posibilidad de recusar al juez o magistrado instructor, a los peritos, poner queja en su caso contra el Fiscal, acceder a las actuaciones (salvo que se haya declarado el secreto del sumario), o incluso, por ejemplo, recurrir el Auto de procesamiento (caso de haberlo).

¿Qué dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal española?

Partiendo de la provisionalidad de lo que ahora vamos a exponer, pues es previsible se reforme de modo sustancia la misma antes de 6 ó 10 meses a partir de estas líneas, baste plasmar lo, a los efectos de este breve artículo, exponen los artículos siguientes, cuya literalidad plasmamos:

Artículo 118.

Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.

La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados.

Para ejercitar el derecho concedido en el párrafo primero, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y, en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.

Si no hubiesen designado Procurador o Letrado, se les requerirá para que lo verifiquen o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.

Artículo 775.

En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

Tanto antes como después de prestar declaración se le permitirá entrevistarse reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) del artículo 527.

Aclaremos que con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya no se usa la expresión persona imputada, sino investigada.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

Web: www.proteccionlegal.com

Tlf.: 678.97.00.64

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