Lobbies (proyecto autonómico aragonés)

Lobbies, integridad y ética públicas, en Aragón

¿Por qué este título?

Pues porque hablaremos del (por ahora) proyecto de ley, autonómico, de la Comunidad de Aragón, de Integridad y Ética Pública, en la actualidad uno de los proyectos de ley más novedosos en el Estado español, y ello por cuanto, entre otras materias no menos importantes (como la profesionalización del directivo público, o un estatuto de protección del empleado pùblico que denuncia presuntos casos de corrupción), tiene un apartado dedicado específicamente a los Lobbies, y ello es lo que vamos a analizar.

¿Cómo define o conceptúa, tanto a los lobbies como a los lobistas?

a) Considera que se hace lobby cuando se lleva a cabo cualquier comunicación (personalmente creo hubiese sido más preferible usar la expresión “acción” en vez de “comunicación”, pues esta última exigiría cierta exteriorización, y la acción no necesariamente, ya que se puede actuar por omisión, matiz que en el mundo jurídico tiene su nada desdeñable alcance según los casos), ya sea directa o indirectamente con la Administración de Aragón, con el fin de influir en la misma PERO exige que se efectúe por, o en nombre de, un GRUPO organizado, privado o no gubernamental, en la defensa de sus intereses propios. Destaco lo de “grupo” ya que con tal concepto se excluiría a la persona física individual, lo cual considero un error garrafal ¿o es que las personas físicas individuales no pueden también hacer lobby?

b) Considera lobistas a aquellas personas que desarrollan la actividad de lobby, ya sea en nombre propio o de otros. A título de ejemplo cita a: Colegios profesionales, medios de comunicación, sindicatos, patronales empresariales, despachos de abogados, medios de comunicación o confesiones religiosas (no es una relación exhaustiva). Curiosa (y tal vez peligrosa o inadecuadamente, por su imprecisión) incluye también a lo que describe como “talleres o grupos de ideas

Registro de lobbies (y lobistas)

Crea dicho Registro, el cual dependerá de una institución nueva llamada Agencia de Intergridad y Etica Pública (que también regula la norma que analizamos), caracterizándose dicho Registro por dos notas: Será público, y su acceso será gratuito.

La normativa por la que se regirá tal Registro de Lobbies y Lobistas tendrá un contenido mínimo, contenido en su Reglamento, el cual elaborará la Agencia indicada, siendo tal contenido mínimo el siguiente:

a) La inscripción de los lobbies y lobistas (que llevan a cabo su actividad en relación a la Administración Pública aragonesa, se aclara) será obligatoria.

b) El Registro será obligadamente electrónico, y estará organizado en categorías, referidas éstas a los contenidos, sujetos, informaciones y actividades obligadas que hayan de inscribirse.

c) También se inscribirán los Códigos de Conducta aplicables en cada supuesto.

d) Igualmente se inscribirán los sistemas de seguimiento y control de cumplimiento de la normativa del Registro (realmente, tarea esta última que consideramos no será nada fácil, y que – por lo menos a uno se le ocurre – puede que tal vez se refiera a los denominados Compliance, figura que cada vez estará más extendida).

e) Agenda de las autoridades: Se dará publicidad de la misma a través de la web de transparencia (no usa, llamativamente, la expresión, Portal de Transparencia) de la institución de que se trate (vinculada a dicha actividad de lobby, se entiende), publicitándose especialmente la información que resulte de las reuniones con los lobbies o sus lobistas, incluyendo en ello a los informes o documentos en su caso resultantes de tales encuentros.

f) La inscripción no será de oficio, requiriéndose por tanto iniciativa y petición del lobby o lobista de que se trate, aportándose igualmente en tal petición una declaración responsable, la cual habilitará para el ejercicio de la actividad lobística de que se trate.

Anteproyectos normativos

Se establece que, en cuanto a los anteproyectos de normas, sean cuales sean éstas, estará prohibido que, tanto los lobbies, como en su caso sus lobistas, accedan a dichos textos antes que el público en general (intentando evitar algo habitual: Que los grupos de presión accedan antes a dichos documentos que el resto de la ciudadanía, generándose así situaciones de auténtico y abusivo privilegio).

Códigos de conducta

En su artículo 29 establece un mínimo cuerpo normativo al que, tanto los lobistas como los lobbies, habrán de someterse, siempre en los términos que indique el Registro que ahora exponemos, a través de la norma que denomina Código de Conducta, siendo estos parámetros mínimos – en síntesis, y yendo a lo principal, o más llamativo – los siguientes:

a) La actuación será transparente, indicándose la identidad propia o la de aquella para la que presten servicios de lobby.

b) Igualmente se identificará para quién se trabaja, cuáles son los objetivos y fines que se buscan.

c) Al objeto de obtener la acreditación del Registro que habilite para actuar como lobby o lobista, se aportará información cierta, no falsa (podría ser, aunque no lo diga esta norma, delito de falsedad). Por tanto, la información que se aporte ha de ser neutra (extremo bastante difícil de conseguir, debido a lo subjetivo que es en ocasiones ello), completa, estar al día, y no generar engaño.

d) No se crearán situaciones que puedan poner a los cargos electos o a la autoridades ante contextos de conflictos de interés (no entendemos por qué no extiende ello, también, al resto de empleados públicos en general, olvidando así los dictados últimos en tal sentido de la OCDE)

e) Prohíbe la deshonestidad (mayor imprecisión, subjetividad y relatividad no pudieron haber planteado) a la hora de obtener, o intentar obtener, información o decisiones concretas.

f) Habrán de informar a los cargos y autoridades con los que tengan trato, en el ejercicio de su actividad de lobby, de que se está actuando como tal, y que se está inscrito en el Registro correspondiente (realmente debería exigirse, antes del encuentro, acreditar la inscripción, o que la misma, telemática e instantáneamente, se pudiese verificar), prohibiéndoseles inducir incumplimientos de integridad y ética públicas (también es algo extremadamente vago)

g) Se prohíbe (ello ya existe) divulgar informaciones confidenciales a las que se haya accedido a consecuencia de dicha actividad de lobby.

h) Se aceptará que la información aportada al Registro va a tener, a partir de dicho momento, la consideración de pública, y por tanto, accesible por cualquiera.j) Garantizar que el personal a su servicio no está incurso en incompatibilidades al cese de los cargos o autoridades sujetos a esta Ley.

k) Se habrá de cumplir la normativa aplicable sobre integridad y ética pública (o sea, como mínimo, la de este proyecto de ley y la derivada del mismo).

  1. Por último, se permite que los lobbies elaboran códigos de conducta para ellos, personalizados, más exigentes incluso que el contemplado en esta norma, pudiéndose en tal caso inscribirlo en este Registro, asumiendo en tal caso el compromiso de su cumplimiento, siendo a partir de dicho instante totalmente exigible al mismo.

Por otro lado, el artículo 22º de este proyecto, y aunque enmarcado en otro capítulo (el de las Evaluaciones Públicas), hace mención a la actividad (no permitida) de los lobbies, en el sentido de prescribir que, la evaluación de las disposiciones legales tendrá por objeto lo siguiente:

  • al objeto de evitarse la captura regulatoria y técnica (de las normas), se prohibirá lo siguiente: a) el control de los grupos de expertos en la elaboración de las normas; b) que la financiación de las eventuales investigaciones sesguen los resultados de éstas; c) que la financiación de congresos y actividades o reuniones profesionales tengan por fin apoyo difuso a los intereses de los financiadores.

  • se prohibirá igualmente la redacción de normas que, de modo voluntario, genere contradicciones o lagunas jurídicas, o inseguridad jurídica, con el fin de evitar la aplicación de la norma, obstaculizando así eficacia real.

  • se prohíbe igualmente el aprobar normas que, bajo una apariencia regulatoria, lo que persiguen realmente es mitigar, diluir, o minorar su aplicación, o subordinar ésta a intereses distintos de los generales.

Como vemos, la tendencia imparable en nuestras instituciones la regulación de Lobby y de sus practicantes. Lo malo es que no tenemos una ley básica que establezca unos minimos, motivo por el cual estamos asistiendo, actualmente, a que la regulación depende de las autoridades de turno: Unas ni lo regulan, otras lo hacen de modo superficial, y otras le imprimen un plus de rigor difícilmente realizable. En fin … que hay cosas que no cambian en nuestro querido país.

Autor: Javier Hernández Martínez

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E-mail: javier (más arroba) proteccionlegal.com

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