Códigos éticos de los partidos ¿inconstitucionales?

Códigos éticos de los partidos ¿inconstitucionales?

 

Resumen

Análisis de una reciente sentencia (20/9/16), canaria, de un Juzgado de lo Penal (el nº 4, de Santa Cruz de Tenerife) que, analizando un caso más de prevaricación (para una introducción a esta figura pulsar aquí) da un paso más y tilda de inconstitucionales los códigos éticos de los partidos políticos.

 

¿Por qué se habla de los códigos éticos?

Pues, simple y llanamente, porque los acusados (alcalde, y teniente-alcalde, luego condenados), alegaron en su defensa que, durante el procedimiento, y una vez adquirieron formalmente la condición de acusados, y se dictó auto de apertura de juicio oral, y a consecuencia de lo previsto en el código ético de su formación política “… perdieron la oportunidad de ejercitar su derecho de participar en las elecciones como representantes politicos, y de presentarse a las elecciones de mayo de 2015″, produciéndose (a juicio de los acusados) una infracción del artículo 23º de la Constitución española.

Artículo 23º de la Constitución:

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

¿Qué dijo el juez sobre los códigos éticos?

a) Afirma que los códigos éticos no son una norma jurídica. El que ahora escribe discrepa, en el sentido de que sí lo son; cuestión bien diferente sería la eficacia de dicha norma: ¿Vincularía? ¿no vincularía? ¿en qué casos? Etc. …

b) Añade que la relevancia o eficacia de dichos códigos es sólo política, y no penal, y que son dichos códigos los que vulneran la Constitución pues quiebran la presunción de inocencia prevista en nuestra Carta Magna, pues adelantan la declaración de culpabilidad a un momento anterior al de la sentencia judicial.

c) Continúa exponiendo que, salvo el supuesto (aquí no aplicable) del artículo 384º bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (trata de supuestos excepcionales, aplicables a bandas armadas o terrorismo, por los cuales se suspende al aún no condenado, en el ejercicio de su función o cargo público) es inaceptable que se pueda imponer a un cargo público el deber de abandonar su cargo, no habiendo una sentencia firme de condena, añadiendo que es el propio código ético de los partidos el que atenta, por lo expuesto, contra los principios y valores constitucionales.

d) Nos recuerda que la aplicación de dichos códigos (en lo concerniente a abandonar el cargo, y no presentarse a las elecciones, antes de haber sentencia firme) suponen un linchamiento social, en el cual es el propio partido al que está vinculado dicho código el que vulneraría dicho derecho fundamental (a la presunción de inocencia).

e) A su vez, expone que la aplicación de dichos códigos supondría un juicio público, paralelo y sumarísimo, que atentaría contra un Estado democrático y de Derecho, a la vez que contra los textos de los convenios internacionales sobre derechos y libertades suscritos por España.

 

¿Qué ocurre en el resto de España?

Pues, que se sepa, hasta la fecha no se ha planteado en sede judicial, aún, la constitucionalidad o no de dichas normas. Los enfoques al respecto podrían ser:

 

a) Se podría entender que si alguien se afilia a un partido lo hace con todas sus consecuencias. No obstante, y dado (con base en la Constitución) que se considera indiscutible, que los cargos electos no están sometidos a mandato imperativo alguno, ello iría en contra de la Carta Magna, y no por casualidad se comunicó ayer mismo (7/11/16) a la prensa que los parlamentarios socialistas que rompieron la disciplina de partido en el Congreso, con ocasión de la investidura de Rajoy, han decidido iniciar acciones penales (no sé realmente si es contra su Gestora, o contra el partido en sí) por entender que al obligárseles a acatar la disciplina de partido se estaría cometiendo un delito de coacciones.

b) Otro enfoque, no penal como el anterior, partiría de que aunque formalmente se acate dicho código, éste constituiría lo que en el ámbito del Derecho se denominan claúsulas adhesivas o de adhesión, que en determinas parcelas legales son nulas. Consisten en aquellas cláusulas ante las cuales una de las partes carece de margen alguno de negociación, como por ejemplo cuando firmamos una póliza de seguros (o se aceptan o no se firma el contrato), siendo en algunos casos carentes de eficacia alguna. Para este punto de vista, sería innegociable, por cuanto sería un derecho irrrenunciable, al tratarse de un derecho fundamental, sería innegociable, decíamos, el pactar un catálogo de infracciones para el caso de, simplemente, respetarse la prohibición del mandato imperativo, en supuestos en los que al hacerlo se rompería la disciplina de voto impuesta por un partido.

c) Enfoque tradicional en España: Si te afilias das tu consentimiento al código ético, y dado que la afiliación es libre, voluntaria y no forzada, dicho consentimiento es válido, siendo ilegal, y por tanto sancionable, cualquier acto posterior incumplidor de dicho código.

¿Nos estaremos acercando al inicio del debate, en España, acerca de la libertad de voto de los cargos electos, con independencia del poder de la maquinaria de los partidos, o seguiremos aceptando que las ejecutivas, y no los electores, ni sus representantes electos válidamente elegidos, son los únicos soberanos? El tiempo lo dirá …

¿Sería correcto un debate sólo jurídico, esto es, basado sólo en la ley?

Considero que habría que centrar el debate, y me explico: Desde un punto de vista estrictamente jurídico, considero realmente impecable el análisis que hace el magistrado en la sentencia expuesta. No obstante, también considero que, pobre de aquella sociedad que sólo se rija por leyes, y no por principios, olvidándose por tanto – entre otras cosas – el principio básico de la ejemplaridad. No basta con cumplir las leyes, es más (y esto último lo entiende también así nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nuestro Tribunal de Justicia de la Unión), hay casos en los que, incluso cumpliéndose la ley, el acto de que se trate sería ilegal (aunque parezca una contradicción): Se refiere a supuestos en los que, por ejemplo, un juez, un magistrado, o una Corte, han creado una apariencia (que no realidad) de estar faltos de imparcialidad, llegándose a afirmar que, en tales casos, aunque sólo haya habido una apariencia, dicha apariencia sería motivo más que suficiente para recusar a un juez, pues una sociedad democrática no se puede permitir que su ciudadanía recele de su judicatura, y esto, que parece tan simple, tiene como base (una vez más, aunque en España tarde esta figura en implantarse) el principio de la ejemplaridad. Un Pueblo no puede cambiar sólo con leyes, sino con gobernantes que den ejemplo, pues éste, el ejemplo, tiene un valor muy superior a la ley.

 

Autor: Javier Hernández Martínez

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