LSSI y contratación

El dominio PUTASGAE.COM, y la LSSICE - sentencia judicial -

EL CASO PUTA SGAE (CON PERDÓN)

Antecedentes

En la web alojada baja el nombre de dominio putasgae.org, y en las páginas web alojadas en la dirección antisgae.internautas.org, se alojaron contenidos con expresiones en contra de la SGAE – Sociedad General de Autores de España – y uno de sus miembros, siendo del tipo “nuevos pícaros; bandas mafiosas; putos chorizos; inquisidor; trepa; granuja”.

Como era de prever, la SGAE y sus miembros consideraron insultantes y atentatorias contra su derecho al honor dichas expresiones, a la vez que opinaban lo mismo del nombre de dominio putasgae.org, por lo que consideraban ilegales no sólo dichos contenidos sino el dominio en sí mismo indicado.

El demandado fue la Asociación de Internautas, pues la dirección que contenía los contenidos de este caso pertenecía a un subdominio del nombre de dominio del que era – por lo menos hasta el momento de escribirse este artículo (agosto 2005) – titular dicha asociación, a pesar de que – formalmente al menos – su redacción y autoría no era de aquella, sino de la autodenominada Plataforma de coordinación de movilizaciones contra la SGAE.

Hemos de añadir también, que el titular, por otro lado, del dominio putasgae.org, no lo era dicha asociación, sino la Plataforma mencionada, aunque el mismo estaba alojado bajo el servidor de de aquélla.

Al momento de escribirse este artículo está sin contenido alguno la web alojada bajo putasgae.org, aunque continúa siendo titular de la misma la mencionada Plataforma.

Acción judicial

A consecuencia de lo anterior, y en abril de 2004, los afectados interpusieron demanda en reclamación no sólo del cese de dichos contenidos y de la utilización de dicho nombre de dominio, sino reclamando simultáneamente una indemnización en compensación del daño que alegaban se había producido contra su honor, el cual estimaban en 18.000 euros para cada uno de los demandantes (recordemos que demandaban tanto la SGAE como uno de sus miembros).

Un año y dos meses después – junio de 2005 – se dictó sentencia por el juez encargado del caso, la cual está actualmente recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, y que pasamos a comentar ahora.

Argumentos de los demandantes

Sin usar mucho la imaginación, es fácil imaginar cuáles fueron: se cometió lo que se llama una intromisión ilegítima en su derecho al honor, argumentando además que las personas jurídicas – la propia SGAE – también tienen reconocido el derecho al honor – lo cual es cierto según bastantes sentencias ya del Tribunal Supremo y Constitucional -.

A su vez, hacen responsable a la Asociación de Internautas de los contenidos publicados bajo uno de sus subdominios, aunque no haya sido la autora de los mismos, a la vez que le reprochan, y reclaman con base en ello, que dé alojamiento en el servidor web del que es titular, al nombre de dominio putasgae.org por considerarlo, en sí mismo, atentatorio igualmente contra su derecho al honor.

Argumentos de la Asociación de Internautas

En una primera fase del procedimiento, y en evitación de las acciones planteadas contra ella, alegaron que la demanda no estaba interpuesta contra quien procedía, ya que entendían que demandado debió haberlo sido, en su caso, la Plataforma de coordinación de movilizaciones contra la SGAE, única autora de las presuntas frases y expresiones atentatorias contra el honor alegado.

También alegó que no podía ser responsable por los contenidos que, alguien, en uno de sus subdominios – concretamente antisgae.internautas.org -, pusiese, ya que aunque el servidor en el que se alojaban era propio, no podían estar controlando todos los contenidos vertidos en ella.

También alegaron que el dominio putasgae.org, a pesar de estar alojado en el servidor de la Asociación, no era esta el titular del mismo, sino precisamente los autores de dichos contenidos, la Plataforma expresada.

Razonamiento del juez

La argumentación de la Asociación no fue admitida por el juez ni por el fiscal, el cual entra a analizar en la sentencia, por un lado, si dichos contenidos atentan o no contra el honor, concluyendo que sí. Entendemos que esta parte del razonamiento no es forzada ni exagerada, pues es claro que sí atentan contra el derecho al honor, y tal y como se observa en la resolución judicial, la libertad de expresión, cauce adecuado para la crítica ajena, no admite sin embargo, el uso gratuito de este tipo de expresiones.

Aparte de lo anterior, que no es nada novedoso jurídicamente hablando, lo realmente importante de esta sentencia es que afirma que el proveedor de servicios de la sociedad de la información – para entendernos, la Asociación, al prestar servicio de alojamiento de dichos contenidos y de dicho dominio – es responsable por los contenidos alojados en su servidor, siendo responsable solidario con el autor de los mismos de las eventuales responsabilidades en que a consecuencia de los mismos se pueda incurrir.

Por otro lado, llama negativamente la atención en la sentencia que el juez, en la parte de la misma denominada Fundamentos de Derecho, que es precisamente aquella en la que, después de exponer los hechos considerados probados en el procedimiento, ha de pasar a razonar, jurídicamente, el por qué de su decisión, afirma determinadas cosas sin hacer casi mención a ley alguna, pues en cuanto a la lesión del derecho al honor sí menciona la norma en la que se basa, que no es otra que la ya algo vieja ley orgánica 1/1982, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Lo negativo a lo que aludimos es, que al hablar de la responsabilidad por contenidos, no nos dice en qué ley se basa ¿Se referirá a la norma mencionada, o a la LSSICE – ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico –?

Realmente no lo dice, sino que se limita a afirmar, con generalidad, con pretensión de dogma y sin mayores matizaciones o excepciones, pues no da a entender que en determinados casos se responderá por contenidos de terceros, sino que siempre se responderá por ello. Si esta doctrina se consolidase, no es difícil imaginar el más que enorme riesgo derivado de, por ejemplo, los servicios de hosting, pues ¿tendrán entonces que estar controlando todo lo que se escribe y aloja en sus servidores, so pena de responder por las ilegalidades que de los mismos se derivasen? Si ello fuese así, es evidente el caos y pánico que podría surgir, y sólo hablo de los servicios de alojamiento de páginas web.

Reflexión

Al margen de la cuestión del derecho al honor, que entendemos clara, es pacífica en la sentencia; el peligro real es considerar que siempre, y sin mayores matices, el prestador de servicios de alojamiento responderá por los contenidos, de terceros, alojados en su servidor.

Da la impresión de que Su Señoría olvidó lo que dice la LSSICE, en su artículo 16, que transcribimos literalmente:

Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
• a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
• b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.

Conclusión

Como se ve, la ley no es tan simple como parece darnos a entender la sentencia ahora comentada, pues en el caso de que el prestador del alojamiento no conozca la ilicitud de los contenidos que aloja, no será responsable de ello. ¿Se imaginan que, por ejemplo, Terra tuviese que responder ahora por todos los contenidos alojados en sus servidores?

Por otro lado, no sería raro – cuestión en la que no entro – que la Asociación sí conociese el contenido de dichos artículos, pero eso es un hecho, que de haberse considerado probado, así se debió haber indicado en la sentencia, para que así, con posterioridad, y con base en ello, fundamentar la condena contenida en la sentencia, pues es un principio general de nuestro sistema de derecho el fundamentar la sentencia.

La resolución judicial está actualmente recurrida por la Asociación de Internautas así que habrá de esperarse a ver qué análisis realiza sobre la misma la segunda instancia judicial – Audiencia Provincial de Madrid -.

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